En los últimos días han vuelto a la luz pública dos casos que son representativos de la impunidad que tanto daño ha hecho a nuestra democracia en los últimos años. Nos referimos a la quiebra fraudulenta de Fotokina y al fiasco financiero de Banaico; casos por los cuales nadie ha respondido judicialmente hasta la fecha, aunque en ambos existen condenas.

A esta lista de escándalos emblemáticos hay que sumar el caso Adelag, el soborno del Cemis y muchos otros, cuyos principales responsables caminan libres por las calles y avenidas de la ciudad de Panamá. Y más allá de que nadie está tras las rejas, lo más grave es que las personas que resultaron afectadas psicológica y económicamente por estas acciones delictivas, nunca han sido resarcidas por esos daños.

Esperamos que ahora que tenemos togas frescas en la Corte Suprema, se empiecen a ver algunas muestras de administración de justicia eficiente e independiente, que no le tiemble la mano –ni el bolsillo– a la hora de mandar a la cárcel a los delincuentes de cuello blanco.