DECRETOS-LEY. Obispos harán pronunciamiento sobre situación de desplazados.

Pedirán mejor trato para migrantes

El obispo Pedro Hernández admite que hay que cuidar las fronteras, pero sin olvidar el derecho del migrante.

En la Asamblea yacen dos proyectos de ley migratoria. Se ignora si se consultó para redactar la nueva ley.

LA PRENSA/Archivo

TEMOR. Defensores de los migrantes están inquietos por lo que realmente pretende hacer el Ejecutivo.965256

Con la concesión de poderes extraordinarios al presidente Martín Torrijos y las reformas que se proponen al régimen migratorio, una ola de preocupación ha invadido a cientos de migrantes que se encuentran en el territorio nacional.

El obispo Pedro Hernández Cantarero, vicario de Darién, informó que la Conferencia Episcopal tiene programado emitir un pronunciamiento sobre el tratamiento que la Dirección Nacional de Migración practica con los migrantes extranjeros que llegan a Panamá, quienes merecen un trato más humanitario, dada su condición de pobres.

"Los gobiernos están implementando leyes y controles más drásticos y eso nos preocupa, porque si bien hay que guardar las fronteras, ello nos impide brindarle a los migrantes el auxilio que necesitan", señaló el religioso.

La Conferencia Episcopal tiene planeado reunirse el próximo lunes 7 de enero y Hernández, quien también participa del foro Mesa de Migrantes, espera reunirse antes de ello con las autoridades de Migración.

Según la Ley 1 de 2 de enero de 2008, se legislará sobre el régimen general de Migración y Naturalización para desarrollar la migración e inmigración de extranjeros y nacionales; crear el Servicio Nacional de Migración; la carrera de Seguridad Migratoria; el Registro Único de Extranjería; establecer los requisitos de ingreso y egreso al territorio nacional (sobre todo el de menores de edad) y reconocer el movimiento fronterizo de las poblaciones indígenas.

Además, se pretende crear el Fondo Fiduciario de Migración para sufragar los gastos de repatriación de extranjeros en indigencia y de la custodia de extranjeros a órdenes del Servicio Nacional de Migración; creación del Consejo Consultivo de Migración; revisar las categorías migratorias; categorías de asilados, refugiados y apátridas; crear albergues de breve estancia para extranjeros indocumentados.

Para el abogado Renault Escudero, de la Asociación Legal Alternativa de Panamá, lo que se busca con la reforma migratoria es endurecer mucho más los controles sobre los desplazados y migrantes en el territorio nacional.

"Vamos a instar a las autoridades a que se tome en cuenta el Convenio Internacional de los Trabajadores Migrantes, de 1975 y la Declaración de Mar del Plata, de 2005, sobre el derecho de estas personas a que se les dé permiso de trabajar en forma digna para no ser carga para el Estado.

Escudero estima que es de doble moral prohibir el derecho al trabajo a los migrantes extranjeros, pero se permite a mujeres extranjeras ejercer la prostitución en Panamá.

A la fecha, Panamá sufre un rezago jurídico en materia migratoria, toda vez que el Decreto-Ley N° 16 tiene 47 años y su concepto es obsoleto.

Se desconoce si las dos propuestas de ley que reposan en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional (N° 79 y N° 151) serán tomadas en cuenta por el ministro de Gobierno y Justicia, Daniel Delgado Diamante, para elaborar el nuevo proyecto.

Un proyecto de ley fue calificado de xenófobo

La preocupación por dotar de una legislación migratoria moderna, no solo parte del gobierno. Hace dos años, el diputado molirena Wigberto Quintero presentó una nueva propuesta para salvar el desfase de la ley vigente. Quintero sugiere mejorar los controles para que el inmigrante no venga a delinquir ni a quitarle el trabajo a los panameños, dado que nacionales colombianos, dominicanos y chinos vienen "de paseo", pero se quedan a trabajar, sin pagar impuestos ni seguro social.

Quintero también se mostró interesado en limitar la discrecionalidad que tiene el director de Migración para decidir quién entra al país y quién no.

Esta propuesta, calificada de "xenófoba" por los críticos, implica la deportación de un extranjero cuando su conducta riña con la moral y buenas costumbres, y la expulsión por motivos de seguridad, salubridad y orden público. En cuanto al proyecto N° 79, de la ex ministra de Gobierno Olga Gólcher, buscaba flexibilizar los procedimientos migratorios y agilizar los trámites para los viajeros foráneos. A pesar de las consultas a que fue sometido, se estancó en la Comisión legislativa de Gobierno.