GOLPISTAS. Carmona quedará libre

Perdón de Chávez no alcanza a todos

Fiscal explica que la ley de amnistía no incluye a quienes tengan procesos pendientes y estén prófugos.

Luisa Ortega Díaz, fiscal general, dice que en Venezuela no hay presos políticos.

EFE/Chico Sánchez

PEDIDO. Desde 2002 familiares de los soldados golpistas pedían su liberación. 964984

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, señaló ayer que una ley de amnistía firmada por el presidente Hugo Chávez no beneficia a todos los opositores involucrados en el intento golpista de 2002 o que se declararon en rebelión contra el gobierno.

A la vez, recalcó que la ley tampoco alcanzará a decenas de dirigentes y militares que huyeron del país y que nunca se entregaron a la justicia .

Ortega aseguró que en Venezuela "no hay presos políticos", ya que quienes se atribuyen esa condición han sido encausados por delitos comunes, como el ex líder sindical Carlos Ortega, quien se fugó de una cárcel militar y está fuera del país.

Asimismo, descartó que el perdón beneficie al capitán del Ejército Otto Gebaur, acusado por un tribunal militar de haber privado de libertad a Chávez durante el intento golpista de abril de 2002.

"La ley es clara, dice que concede amnistía a quienes para el momento se encuentran a derecho y se hayan sometido a procesos penales. Carlos Ortega se evadió dos veces de la justicia, se asiló en Costa Rica, luego volvió y fue capturado. Después se evadió nuevamente de la cárcel", señaló en una entrevista con el canal oficial Venezolana de Televisión.

Agregó que las personas que están en la misma situación de Ortega si se ponen a derecho serán detenidos y corresponderá al juez de la causa decidir si les dicta la detención, pero los "prófugos no gozan de beneficios de la ley de amnistía".

Chávez firmó el decreto ley para una amnistía a los dirigentes que se declaran "presos políticos" y que fueron encausados por los hechos de mayor confrontación política, entre 2002 y 2004, que incluyeron el intento golpista de abril de 2002 y la huelga general de finales de 2002 y comienzos de 2003, siempre que no hayan sido acusados de delitos de lesa humanidad.

Algunos de los beneficiados tienen que ver con la firma del decreto del empresario Pedro Carmona (en el poder por menos de 48 horas mientras Chávez estaba preso por los golpistas), mediante el cual se disolvieron las instituciones.

La ley concede la amnistía a aquellas personas que enfrentaron el "orden general establecido y que a la presente fecha se encuentren a derecho, se hayan sometido a los procesos penales, que hayan sido procesadas o condenadas" por los delitos.