Cualquier iniciativa legislativa que no haya sido debidamente consultada con las partes interesadas es –inevitablemente– una invitación a la duda y la sospecha. Y esto precisamente es lo que ocurre con las reformas al sector turismo, que pretende imponer el Órgano Ejecutivo mediante los poderes extraordinarios que ha solicitado a la Asamblea.

Es inconcebible que en una materia de tanta importancia para el país, como es el turismo –que se ha convertido en uno de los pilares de nuestra economía–, el Ejecutivo maneje una propuesta que ni siquiera conocen los propios miembros de la junta directiva del Ipat. Y como si esto fuera poco, pretenden aprobarla al margen del debate legislativo y del escrutinio público.

¿Por qué tanta premura y secretismo?

Precisamente los logros alcanzados en turismo son el resultado de atinadas gestiones de varias administraciones que han encontrado en la estructura organizativa del Ipat –regido por una junta directiva representativa de todos los actores del sector– el modelo perfecto para desarrollar una política de turismo alejada de la burocracia y de los intereses político partidistas.