CONJURAR MALES MAYORES.

Terrorismo en la Asamblea

A usted –estimado lector– le habrá llamado poderosamente la atención la reciente presencia –en las graderías de la augusta cámara– de un grupo de individuos disfrazados con camisetas impresas con las siglas "M–20". Dichos sujetos concurrieron al "Palacio Legislativo" –ridícula denominación que recibe aquel recinto, que nada tiene de palaciego– a fin de exigir que el 20 de diciembre fuese declarado día de duelo nacional. Como usted lo rememorará sin lagunas, "M–20" era el nombre del grupo que tras la invasión estadounidense de 1989 se convirtió en el brazo terrorista de la resistencia norieguista.

Todos los panameños con memoria civilista recordamos los aciagos días de la invasión promovida por el torrijista Gabriel Lewis Galindo (de acuerdo con Frenadeso: ver su Boletín No. 347 del 8 de julio de 2006 en www.argenpress.info/notaold.asp?num>031959 <http://www.argenpress.info/notaold.asp?num>031959>). Esa acción bélica fue pedida a gritos por Noriega, líder histórico del PRD, quien –en un arranque de primitivismo patológico, machete en mano– le declaró la guerra a Estados Unidos. A instancias del capo mafioso del PRD, la denominada "Asamblea Nacional de Representantes de Corregimientos" perredista, adicta al tirano, emitió la Resolución No. 10 del 15 de diciembre de 1989, mediante la cual proclamó el "estado de guerra" entre Panamá y Estados Unidos, creó el cargo de "jefe de gobierno" para hacer frente a ese "estado de guerra" y nombró en dicho cargo al dictador Noriega. A través de dicha resolución, el PRD involucró al país entero en el personalísimo problema obrero–patronal que el tirano Noriega tenía con el Estado más poderoso del planeta.

En los días de la invasión y el subsiguiente saqueo, la mayoría de los jefes militares pusieron pies en polvorosa. Incluso Delgado Diamante, el redomado promotor del neo norieguismo, se escabulló sin pena ni gloria cuando escuchó el primer bombazo. Algunos seguidores del tirano se creyeron la fábula seudo nacionalista compuesta por Noriega (agente de la CIA) y sus secuaces y se inmolaron, exhibiendo un patriotismo digno de mejores causas. Pero en las mal llamadas "fuerzas de defensa" norieguistas, muchos de cuyos miembros ocupan hoy altos puestos en el gobierno de la "M", lo que prevaleció fue la cobardía, el oportunismo y la huida veloz.

Pasada la invasión, se formó el "M–20", al que se vinculó al atentado perpetrado en la cantina "My Place" el 3 de marzo de 1990 y otras actividades terroristas (La Prensa, 19 de septiembre de 2001). No recuerdo si por estas ilegalidades el Ministerio Público logró identificar y solicitar el encausamiento de algún integrante de ese grupo subversivo. (Convendría que lo aclarara Rogelio Cruz, procurador general en ese momento). Sea como fuere, la aparición –la semana pasada– de un número plural de personas engalanadas con el "M–20" terrorista merece ser investigado por la Procuraduría General de la Nación, para que la ciudadanía sepa a ciencia cierta quiénes son estos individuos, cuáles son los verdaderos objetivos de su agrupación y si los sujetos de marras mantienen nexos con quienes llevaron a cabo los atentados de la década pasada.

Claro está, las facultades pesquisidoras del Ministerio Público han sido menoscabadas tras la aprobación –el 18 de diciembre– de la ley que defenestró la Policía Técnica Judicial y revivió el DENI norieguista en las entrañas de la Policía Nacional. En su columna de La Prensa (15 de diciembre), el Dr. Carlos Iván Zúñiga advirtió a sus lectores acerca de los peligros de recrear una policía secreta, lo que ocurrirá tras la asignación de funciones judiciales a una dependencia del Órgano Ejecutivo, violatoria (la asignación) del principio de la separación de poderes estatuido en la Constitución. Fue lamentable que los partidos que dicen oponerse al actual gobierno no llevaran a cabo acciones más contundentes para impedir la aprobación de esa nefasta ley, como fue vergonzoso que sólo siete diputados opositores concurriesen al tercer debate y rechazaran con su voto ese intento del norieguismo enquistado en el poder de revivir el militarismo de los años 70 y 80.

La creación de la Dirección de Investigación Judicial en la Policía Nacional se suma a otras acciones tendientes a militarizar la fuerza pública, incluyendo la designación de militares en puestos clave del engranaje gubernamental, los planes para fusionar el Servicio Marítimo y el Servicio Aéreo Nacional, la pretensión de nombrar un director militar en la Policía Nacional y la firma del malhadado convenio para la creación de un "ordinariato castrense" en la fuerza pública, que la facción perredista en la Asamblea Nacional pretende aprobar a pesar de su inconveniencia e inconstitucionalidad. Todo ello ocurre en el marco de la solicitud presidencial para el otorgamiento de facultades legislativas extraordinarias, que –por más que esté engarzada en el texto constitucional– constituye una violación del principio de separación de poderes y de la esencia del gobierno republicano.

Así terminamos el año 2007: con apología del terrorismo, por la vía del acaparamiento de poderes, rumbo al militarismo. Usted recuerda muy bien lo que significa militarismo en nuestro medio: corrupción, opresión y degradación sin límites. En el Año Nuevo, será necesario que nos pongamos las pilas para conjurar males mayores, pues el nada evolucionado PRD –de la mano de los nada evolucionados líderes de su "tendencia"– nos lleva a una repetición de un pasado desastroso.