SELECCIÓN DE MAGISTRADOS.
Entre la integridad y el control presidencial
Enrique Arturo de Obarrio
Con la muy honrosa excepción de Endara, los gobiernos procuran el control político y hasta personal de nuestra máxima corporación de justicia. Resulta frustrante para un juez o magistrado honesto, cuando los nombramientos obedecen a la cercanía amical o político–partidista con quien nombra o su grupo político. Este termina asegurando la cuota de influencia para proteger intereses personales y/o político–partidistas, para sellar un manto de impunidad a futuro y, de paso, reproducir un sistema que alienta todo tipo de corrupción.
Para aquellos jueces y magistrados correctos debe ser muy triste cuando lo peor de la política partidista contamina el ambiente que tanto les apasiona, y de seguro causará molestia cuando, como consecuencia de la enorme percepción de corrupción, pagan justos por pecadores; eso es muy injusto, pero ¿quién tiene la culpa?
Para el resto de la ciudadanía resulta una burla el que ahora, con una incongruente y costosa campaña publicitaria que pagamos todos, pretenden convencernos con un sonsonete publicitario de que los equivocados somos nosotros, que nuestra administración de justicia marcha perfectamente, y que tenemos que "ser justos con la justicia", ¡vaya descaro!
Está por decidirse en las próximas horas el futuro de nuestra justicia. Una administración confiable representaría el mejor remedio para fortalecer nuestra débil institucionalidad, con el consiguiente impacto positivo en la lucha contra el flagelo de la corrupción, la impunidad, el abuso del poder, y hacia un verdadero sistema de pesos y contrapesos. Logrado lo anterior, habremos removido el principal obstáculo para que tantos compatriotas puedan salir de la pobreza, pues es la podredumbre del sistema la que mantiene el statu quo de la corrupción, la sinvergüenzura y la inequidad.
Es ahora la oportunidad que nuestro sistema democrático y nuestra institucionalidad ofrecen a un mandatario y su Gabinete (Órgano Ejecutivo), y luego a la Asamblea Nacional (Órgano Legislativo), para que actuando en armónica colaboración y, sobre todo, en los mejores de la patria, fortalezcan tan convaleciente órgano del Estado, como lo es el Órgano Judicial en las condiciones actuales.
Lo que motivó la idea de la Comisión Evaluadora fue dotar de transparencia el proceso de selección por parte del Gabinete y el Presidente, al abrir un espacio previo de participación ciudadana para el escrutinio de los aspirantes, tal cual lo prevé la Ley de Transparencia.
La ciudadanía espera que seleccionen aquellos candidatos que no solamente sean probos y competentes, sino que aseguren por su trayectoria la necesaria independencia de criterio. Entre la lista de aspirantes hay, sin duda, quienes reúnen el perfil indicado.
La ciudadanía también espera que luego del nombramiento por parte del Gabinete en acuerdo con el Presidente, se dé un ejercicio serio y responsable en la Asamblea Nacional, antes de la aprobación o no. Esperamos que no sea como en ocasiones anteriores cuando, sin el mínimo escrutinio, en cuestión de minutos se procede a la ratificación casi ciega de lo que viene de la Presidencia. Los diputados que forman parte de la Comisión de Credenciales deben hacer bien su trabajo, como sucede en otros países, y realmente asegurar que la propuesta del Ejecutivo refleje lo que el país anhela para la Corte Suprema de Justicia; se debe escudriñar sobre las hojas de vida de los nombrados, trayectorias profesionales, fallos (si provienen del Órgano Judicial), sus respectivas posiciones ante ciertas cuestiones para determinar sus juicios de valor, sus reacciones ante cuestionamientos por parte de algún ciudadano, etc.
En la actual coyuntura, al mandatario de turno se le presenta ahora una importante prueba democrática, y en sus manos está decidir el titular de la noticia para que lea: "Martín Torrijos allana el camino hacia el adecentamiento del sistema de administración de justicia", o "Martín Torrijos asegura control de la Corte Suprema de Justicia". Es la hora cero para demostrar a los panameños, realmente, si se puede o no.
El autor es abogado y ex presidente de la Apede
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