CONTRADICCIONES.

Neoliberalismo y concesiones

Los servicios públicos son aquellos que el Estado debe garantizar a todos los panameños por su naturaleza insoslayable: agua, energía eléctrica, recolección de basura, transporte público, carreteras, telecomunicaciones y otros de inferior necesidad. Las políticas neoliberales sugieren y obligan a los Estados partícipes, entre otras cosas, a colocar estos servicios que poseen un mercado permanente, obligado y cautivo, en manos del sector privado para su prestación y explotación.

Nuestro Estado, ni corto ni perezoso, durante el gobierno de Pérez Balladares cumple perfectamente el mandato neoliberal y cede, por vía de la concesión, la explotación de los servicios de telecomunicaciones, generación y distribución de electricidad, la construcción y explotación de los corredores, y quizás otros proyectos de inferior impacto, que estaban en manos del Estado.

En común, los servicios privatizados perjudican a los panameños. Fueron dados a empresas privadas que no eran panameñas, pero que en su momento hicieron muy ricos a algunos panameños. Los concesionarios encarecieron las tarifas, a niveles nunca antes sospechados, y operan con carta abierta para subir sus precios conforme aumente el petróleo, garantizando, como es obvio, su rentabilidad y ganancias. El concepto de usuario y pobreza es incompatible e inadecuado en estos modelos derechistas y de libre mercado.

La concesión de los corredores Norte y Sur –cuyo objeto no fue el privatizar una actividad, pues no existían– tuvo su razón de ser en solucionar el gran problema de los "tranques" en la ciudad. Con ese fin, incluso, el BNP otorgó préstamos. Las tierras sobre las que operan ambos corredores son del Estado... pero al final ¿qué logramos? No se ha solucionado el problema de los tranques, ni se da la posibilidad de que muchos panameños utilicen los corredores, debido a las altas tarifas. Lo que obtuvimos fue un gran negociado y una rentabilidad exagerada de las empresas extranjeras y el beneficio millonario de algunos conocidos sinvergüenzas.

En el tema del transporte público de pasajeros, la frustración que exteriorizan algunos políticos ambiciosos es por no poder echarle mano. Si se meten habrá millones bajo el tapete y encarecerán el sector. Los actuales concesionarios dependen de la herramienta, pero el Estado no resuelve su modernización y, contrariamente, levanta una campaña infame en contra del único servicio público que está excluido del libre mercado, pues se le impide ajustar sus precios, conforme al alza del petróleo.

Mientras que el Estado exonera y premia con concesiones millonarias a otros, a los transportistas le sube los costos administrativos, los requisitos y los montos por boletas; además es la única concesión a la que se le impone el tener que brindar su servicio gratuitamente, con precios regulados y sin ganancias garantizadas. El concepto de seguridad jurídica no aplica para este sector.