PROYECTO DE LEY.

Niños y adolescentes: sujetos de derechos

Como investigador y estudioso de la legislación de familia, niñez y adolescencia, no podía dejar de pronunciarme en defensa del proyecto de ley referente a la protección integral a favor de los niños, niñas y adolescentes, el cual propugna por el reconocimiento de éstos como "sujetos de derechos" y no, como muchos han escrito en las últimas semanas, como objetos de un poder protector.

Es irresponsable escribir y opinar que la nueva legislación de niñez y adolescencia busca "destruir a la familia", "quitarla autoridad de los padres sobre los hijos", y que "autonomía" en los niños, niñas y adolescentes es sinónimo de atacar la figura de la patria potestad o relación parental. Aún más irresponsable resulta decir que figuras o instituciones como los"comités de desarrollo comunitario" que propone la ley responden a modelos socialistas.

Como ciudadano, es mi deber mostrar elementos generales de información en esta materia para que los panameños tengamos una visión clara y objetiva.

En la década de 1990, Panamá ratificó la Convención Sobre los Derechos del Niño mediante la Ley No. 15 del 16 de noviembre de 1990. Cabe destacar que, al día de hoy, más de 190 países han ratificado esta convención internacional. En ese entonces, en Panamá se legisló y divulgó el Código de la Familia, el cual adecuó parcialmente los compromisos adquiridos por el Estado en materia de niñez. No obstante, se dejó pendiente la elaboración de una nueva legislación específica sobre la niñez y la adolescencia.

En 1997, se creó una comisión presidencial con participación de diversos sectores gubernamentales y no gubernamentales a fin deelaborar una propuesta de ley de niñez y adolescencia. El esfuerzo, sin embargo, fue frustrado por sectores políticos y económicos que buscaban modificar las leyespenales con la finalidad de tratar a los adolescentes como adultos.

Es preciso señalar que nuestralegislación mantiene rasgos que responden a la antigua doctrina de la "situación irregular" o de "minoridad absoluta" o de "exclusión" tanto social como ética. Esta doctrina ve a los niños, niñas y adolescentes como menores o como "objetos en situación de riesgo", definiéndolos como seres humanos incapaces, no autónomos en relación a sus padres o en relación al Estado. En la práctica, esta situación ha conllevado a que los niños, niñas y adolescentes sean enviados a instituciones estatales o privadas, ya sean laicas o religiosas, con la finalidad que el sistema burocrático ejecute el papel que corresponde a los padres o a un tutor o guardador del niño. Esto constituye una violación flagrante de todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes de estar con su familia y en la comunidad.

Esta doctrina de exclusión a través de las instituciones lo que busca es la sustitución de la familia. Por el contrario, la doctrina de protección integral busca asegurar la permanencia de los niños con sus padres, reconociendo a la familia como el grupo fundamental y medio natural para el crecimiento y bienestar de los niños.

Mucho se habla de que esta nueva legislación ataca a la familia. No obstante, en esta materia, el proyecto de ley lo que busca es proteger a la familia y fortalecerla. En los casos en que un niño requiera de medidas de protección por causa del abuso o el maltrato al interior de la familia, se contempla la prestación de servicios especiales a los padres y al resto de los integrantes de la familia.

Todavía algunos grupos y medios de comunicación social piensan que los niños, niñas y adolescentes están en situación de riesgo solamente cuando están en la calle mendigando, cuando son maltratados o reclutados por traficantes o bandas. No obstante, los niños también están en situación de riesgo cuando sus derechos como ciudadanos y sujetos de derechos han sido amenazados o vulnerados.

Se quiere mantener en pleno siglo XXI la vieja concepción de que los niños, niñas y adolescentes solo pueden ejercer sus derechos como personas cuando cumplen la mayoría de edad, y hasta entonces se les excluye y son tutelados, ya que son una extensión de sus padres.

Sin embargo, la nueva legislación de protección integral establece que es potestad de los niños manifestar la ciudadanía voluntariamente y exigir la atención a sus necesidades básicas cuando éstas son violadas o amenazadas.

Se dice que con esta legislación los niños, niñas y adolescentes tendrán mayores libertades y derechos, y no así deberes y obligaciones. Es totalmente descabellado plantear que un ser humano solo tiene derechos y no deberes. Al reconocer a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, automáticamente tienen deberes. Ningún derecho implica ir en contra de los derechos de otras personas.

Para finalizar, considero que el proyecto de ley de protección integral de la niñez y adolescencia responde a la finalidad principal de reconocer íntegramente a los niños, niñas y adolescentes como personas sujetos de derechos, capaces para exigir sus derechos y de ser responsables de sus actos. A su vez define el papel protagónico y eficaz que debe tener el Estado panameño, la familia y la sociedad en su conjunto en la garantía, respeto y cumplimiento de esos derechos.