DERECHOS CIUDADANOS.

La inseguridad nacional reclama consensos

La tarea de instrumentar una concepción o doctrina de seguridad nacional es el propósito al que apunta el Plan de Seguridad Integral Ciudadana puesto en ejecución por el Gobierno Nacional, y responde a la contribución pausada y reflexiva de distintos sectores de la vida del país, lo cual, enriquece este inaplazable proceso y hace posible brindar a la sociedad panameña una respuesta de consenso.

Es prudente, por lo mismo, aportar algunas observaciones al esfuerzo que actualmente se realiza, con el objetivo de contribuir a su credibilidad y eficacia, y evitar de paso discusiones simplistas o planteamientos sesgados.

En el último decenio la dinámica del mundo global ha cambiado los principales rasgos geopolíticos y de seguridad internacional. En nuestro país, la transferencia del Canal a manos panameñas dio lugar al ejercicio de perfeccionar nuestra soberanía plena y la necesidad de entender nuestra propia seguridad, inmersa en dos fenómenos históricos: las crisis y pugnas políticas internas de los grupos dominantes que utilizaron a la Fuerza Pública en su beneficio y la presencia e influencia militar de Estados Unidos en nuestro territorio, que subordinaron a la Fuerza Pública y la seguridad de Panamá a la tutela de sus intereses.

La seguridad es un concepto de mutismos y constantes elaboraciones. Las nuevas corrientes son más integrales, multidimensionales y tienen al ser humano como fin supremo de la seguridad, o lo que ha dado en llamarse concepto de "seguridad humana" por parte de las Naciones Unidas, con miras a la promoción regional de los derechos humanos y de sujeción de las autoridades públicas al estado de derecho.

Hablar hoy de seguridad es hacerlo desde esta perspectiva compleja y cambiante, sobre todo a partir de las urgencias internacionales que activó el ataque terrorista a Estados Unidos.

El término, mal definido e identificado en exceso con la defensa, experimenta en nuestros días una concepción que extiende su ámbito de actuación o lo intenta, para dar cabida a aspectos tradicionalmente relacionados con la estabilidad política y con una nueva valoración del concepto de "bienestar social".

La no presencia de los antiguos bloques de poder que operaban como actores del equilibrio mundial, ha hecho que hoy la seguridad incorpore no solo los aspectos militares y geoestratégicos o las disputas fronterizas, sino también las amenazas para la paz originadas por la inestabilidad política, económica y social, los extremismos religiosos, el terrorismo y el narcotráfico internacionales, las tensiones étnicas y nacionalistas, la presión demográfica y los problemas medioambientales.

En Panamá la protección ciudadana se debe entender como la obligación constitucional de asegurar la integridad de todas las personas y la preservación de sus legítimos derechos, haberes y propiedades.

Corresponde entonces prevenir los delitos y reducir y controlar el incremento de la criminalidad, preservando el orden interno y la tranquilidad pública. Sin derechos ciudadanos debidamente protegidos la labor podría resultar más contundente a los ojos de quienes solo creen en los sistemas de fuerza. Pero el arte de las democracias consiste en combinar los elementos represivos que el Estado tiene a su disposición con la eficacia de la acción preventiva. Las autoridades de seguridad no pueden hablar el lenguaje de los delincuentes o imitar siquiera sus métodos de acción.

Este ámbito debe ser la guía correcta de aplicación de la doctrina de seguridad nacional que queremos ejecutar, representa un gran reto nacional que solo es posible mediante el consenso honrado entre la sociedad y el Estado.