GUATEMALA.REGULAN ACTIVIDAD.
Ley de adopciones pone fin a anomalías
La nueva ley pone fin al lucrativo negocio de las ‘adopciones notariales’ que beneficaban a abogados.
Esta nueva norma cumple con los requerimientos del convenio de La Haya sobre los derechos de la niñez.
| EFE/Johan Ordóñez |
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| CAMPAÑA. La promoción de la nueva ley busca mejorar la imagen del país, afectada por acusaciones de trata de menores.957148 |
GUATEMALA, Guatemala/EFE
La Ley de Adopciones aprobada esta semana por el Congreso de Guatemala pone fin a un millonario negocio que beneficia a abogados, escribanos y a una red de mafiosos dedicados a buscar mujeres de escasos recursos para que den sus hijos en adopción.
La normativa, que viene a cumplir con requisitos del Convenio de La Haya en materia de protección de la niñez, cobra vigencia el próximo 31 de diciembre y deja al margen las denominadas adopciones "notariales" que realizaban los abogados y escribanos.
En unas declaraciones a Efe, dirigentes del Movimiento de Derechos Humanos de la Niñez calificaron de "positiva" la aprobación de la ley, "porque los niños dejarán de ser un producto de exportación", que dejan al año unos 200 millones de dólares en ganancias a las mafias.
El mercado de adopciones en Guatemala tiene detrás una gran red que involucra a abogados, escribanos o notarios y "captadores", que convencen a jóvenes madres y mujeres de pocos ingresos a dar sus hijos en adopción.
Muchas de las madres, en su mayoría solteras, aceptan la propuesta a cambio de dinero o por asistencia sanitaria.
Según el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y Casa Alianza, el 97% de las adopciones son realizadas en Guatemala a través de escribanos que actúan sin ninguna supervisión.
El procedimiento de adopción todavía vigente permite a cualquier abogado presentar la solicitud ante la Procuraduría General de la Nación (PGN), que evalúa los documentos de los involucrados.
Son los juzgados de menores los que autorizan la adopción, tras analizar la información provista, que incluye pruebas de ADN de los padres biológicos del menor y su consentimiento con el proceso.
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