La sospecha y los cuestionamientos solo se combaten con la transparencia. El proceso de identificación ciudadana que adelanta a tambor batiente el Tribunal Electoral, nos ha dejado a todos con un rancio sabor a irregularidad. No solo porque otra autoridad, el Tribunal de Contrataciones, también lo ha escudriñado y tiene una posición disímil al TE, sino porque la participación de los oferentes no ha sido del todo bien explicada.

No es creíble que tras un intenso proceso de selección, se pasen por alto pequeños detalles que luego, al descubrirse –curiosamente alertados por un participante descontento–, sirven de causa para descalificar a la mejor oferta. Y, peor aún, un contrato cuyo cálculo oficial arrojó que costaría 4 millones –pero que casi se adjudica por 6–, resulta que ahora milagrosamente se ha conseguido otorgar por poco más de 3 millones.

Algo definitivamente huele muy mal, y no basta con alegaciones. La ciudadanía tiene derecho a saber el trasfondo de esta turbia contratación pública sin licitación.