Luego de 39 días de paro, si hay algo que ha quedado claro es que los médicos pueden –cuando lo deseen y por el tiempo que decidan– arrebatarle a los panameños su derecho a la salud.

Y esto es precisamente lo que ha pasado durante estas angustiantes semanas, en las cuales la intransigencia del gremio no hizo más que someter a la población a un innecesario calvario. Ahora, con el aumento salarial conseguido, surgen dos obligaciones esenciales.

Primera, los profesionales de la medicina deben reencontrarse con el juramento hipocrático y comprometerse con la excelencia profesional para brindar una atención médica de primer nivel.

Segunda, el Gobierno tiene la obligación de elevar los niveles de eficiencia administrativa en la salud pública, y así vigilar de cerca el cumplimiento de todo lo acordado en materia de mejoramiento de la prestación del servicio. Ya los usuarios del sistema pagaron su cuota; ahora les toca a los médicos demostrar qué sacrificio harán ellos.