Compras públicas. nuevo motor biométrico entraría a funcionar en junio.
700 mil cédulas procesaría L-1
Especialista en derecho administrativo advierte que si la Corte falla contra el TE, el contrato de L-1 podría ser anulado.
Martín Wilson cree que el TE debió esperar ese fallo en lugar de optar por una adjudicación directa. Gerardo Solís opina lo contrario.
| LA PRENSA/Jorge Fernández |
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| AUTORIDADES. Los magistrados del Tribunal Electoral: Eduardo Valdés, Erasmo Pinilla y Gerardo Solís.955740 |
Marianela Palacios Ramsbott
marianelap@prensa.com
El Tribunal Electoral (TE), con el servicio contratado a L-1 Identity Solutions para el nuevo sistema de identificación ciudadana, planea emitir 700 mil cédulas en 2008 y registrar las huellas dactilares de esos ciudadanos con un nuevo motor biométrico.
"De esas 700 mil, 350 mil son las ‘ polaroid’ que aún quedan y que serán pasadas a la digital, y el resto serían las nuevas cédulas de quienes lleguen a la mayoría de edad y todos los duplicados", aclaró el magistrado del TE, Gerardo Solís.
Si la Corte Suprema de Justicia llegara a fallar contra el TE y a favor del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TACP), cuando decida el fondo del recurso de nulidad que vincula a ambos tribunales, ¿el contrato directo a L-1 quedaría anulado?
Solís asegura que no, que el fallo de la Corte no tendría ningún efecto comercial directo y que solo serviría para sentar jurisprudencia en la materia.
Pero Rufina Lambraño, especialista en derecho administrativo del bufete Lambraño, Bultrón & de la Guardia, advierte que es la Corte la que tiene la última palabra.
"En el supuesto de que la Corte acoja un Recurso de Plena Jurisdicción por parte del afectado, o de Nulidad por parte de cualesquiera persona, y se declare nulo por ilegal la adjudicación hecha por el TE, esta podría ser declarada nula", afirmó.
El magistrado Martín Wilson, presidente del TACP, cree que el TE debió esperar el fallo de la Corte antes de hacer esa adjudicación directa.
¿Por qué L-1?
El Tribunal Electoral decidió adjudicar directamente a la empresa L-1 Identity Solutions, alegando urgencia evidente. "Los recursos legales habían dilatado demasiado el proceso y eso ponía en riesgo la organización electoral. Por eso, con fundamento en el artículo 125 del Código Electoral, decidimos contratar de forma directa", dijo el magistrado Gerardo Solís.
¿Y por qué L-1? Esta empresa es la dueña del motor biométrico Identix que el TE usa desde 1997 para verificar huellas dactilares. Ese motor ya está llegando a su máxima capacidad (2 millones de registros) y se necesita otro para procesar las nuevas cédulas que planean sacar en 2008 (700 mil). "Pensamos que podíamos conseguir ahorros al Estado, como en efecto ocurrió: la oferta de L-1 es 2.1 millones más barata que la de Sagem. Y también conseguimos ahorrar tiempo: el motor estará funcionando en junio, seis meses antes de lo que estaba previsto", acotó.
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