GESTIÓN PÚBLICA.

Semana de la ‘tramparencia’

Ésta es –por si usted no lo sabe– la Semana de la "Tramparencia" y el Gobierno Nacional no ha escatimado esfuerzos para celebrarla como corresponde. Festejarla, después de todo, le brinda al Team una oportunidad adicional para demostrar su "ejecución presupuestaria" en el renglón del consumo gubernamental de bocadillos, refrescos, artículos suntuarios y publicidad. Y oportunidades como ésa no pueden desaprovecharse.

Las actividades de tan atinada conmemoración han sido coordinadas por el Consejo Nacional contra la Corrupción, dependencia de la Presidencia de la República cuya Secretaria Ejecutiva se ha caracterizado, desde su nombramiento a inicios de 2005, por la energía sobrehumana con que ha combatido la trampa en todas sus manifestaciones (de allí el nombre de la semana). En fechas recientes, además, se ha dedicado a promover las candidaturas municipales y presidenciales más idóneas para proseguir con denuedo la lucha contra la corrupción.

Entre los eventos de la semana, se programó para el lunes un coloquio con estudiantes graduandos de colegios secundarios (La Prensa, 9 de diciembre). En el coloquio participarían –además de la Secretaria del Consejo– el Presidente de la Asamblea, quien –según El Panamá América (10 de diciembre)– se ha negado a detallar el gasto de 156 mil balboas que su seguridad personal nos ha costado a usted y a mí en los últimos tres meses y medio. Para impedir el acceso ciudadano a la información, otro participante destacado en aquella tertulia –el vicepresidente segundo y ministro de la Presidencia– hace unas semanas "clasificó como restringido el informe de la comisión creada para investigar y analizar las acciones de los agentes del Servicio de Protección Institucional (SPI) durante la represión de una manifestación de pacientes y familiares de víctimas contaminados con dietilenglicol" (El Panamá América, 25 de noviembre). De la conversación con tan preclaros funcionarios, los estudiantes –indubitablemente– adquirieron inolvidables lecciones que los conducirán por el camino correcto durante el resto de sus vidas.

Son tan altos los niveles de integridad pública alcanzados durante el gobierno de la "M" que cada minuto nos parecemos más a Dinamarca, el país menos corrupto del planeta, según el índice de Transparencia Internacional. Entre las entidades estatales más sobresalientes por su lucha contra la corrupción y su disposición de divulgar información a la ciudadanía figura, con prominencia, la Contraloría General de la República –la cual detecta, con inusitada rapidez y previene, con celo ejemplar, cuanto desfalco se elucubra en nuestro medio– lo mismo que la Corte Suprema de Justicia, donde nunca se recibe una coima y jamás jamás se vende un fallo. Prueba de todo ello es el trámite dado en ambas instituciones a ciertas solicitudes presentadas por mí y que hoy –para conmemorar dignamente la Semana de la "Tramparencia"– deseo compartir con usted, amable lector.

A raíz de los insistentes rumores sobre la pretensión de reactivar las denominadas "partidas circuitales", en mayo pasado solicité al Contralor General de la República el detalle de lo asignado a cada diputado en dicho concepto desde la creación de la Asamblea Legislativa en 1984. Además, le pedí que indicara si los desembolsos y usos de dichas partidas fueron sometidos a auditorías y, en caso afirmativo, cuáles fueron los resultados de dichas auditorías. Esta información es de carácter público y de interés para la ciudadanía –valga añadir– pues se trata del uso de fondos estatales en cantidades apreciables: tan solo en el quinquenio de Pérez Balladares, la asignación total ascendió a la nada despreciable suma de 188 millones de balboas.

La solicitud fue recibida en la Contraloría el 28 de mayo de 2007. Un mes más tarde, reiteré mi petición, pues el Contralor no la había contestado, a pesar de haberse cumplido el término de 30 días estatuido en la Constitución y la Ley de Transparencia (Ley 6 de 2002). La reiteración fue recibida el 9 de julio de 2007 y, días más tarde, el Capítulo Panameño de Transparencia Internacional (del cual es miembro el Contralor) impulsó mi pedido mediante nota recibida en la Contraloría el 18 de julio. Al mes de cumplirse la solicitud de Transparencia Internacional, esa organización volvió a escribirle al funcionario. Cuando el Contralor finalmente contestó –el 23 de agosto, casi tres meses después de mi petición original– se dirigió directamente a Angélica Maytín (aunque el peticionario inicial fui yo) para rechazar, en todas sus partes, mi solicitud.

Adujo el Contralor en su nota del 23 de agosto que recabar la información solicitada conllevaría "la asignación y movilización de recurso humano [sic] indispensable para el desarrollo de las labores usuales y programadas de la Contraloría" (como fiscalizar el uso del FECE, supongo). Agregó que nada podía divulgar su despacho en relación con las auditorías (ni siquiera si se habían llevado a cabo o no), pues el suministro de dicha información "puede conllevar responsabilidades administrativas, patrimoniales o penales", lo que a su juicio le otorga "carácter confidencial".

Como resultado de la negativa del Contralor, a mediados de agosto pasado acudí a la Corte Suprema de Justicia, con tan buena suerte que mi recurso de hábeas data le tocó, en reparto, a la honorable magistrada Graciela Josefina Dixon Caton. A estas alturas (casi cuatro meses después) la magistrada Dixon todavía no ha resuelto el recurso. Con toda certeza no ha tenido tiempo para atender ése y otros asuntos mucho más sustanciosos presentados ante su augusto despacho, pues en ese lapso ha estado muy ocupada promoviendo (con fondos públicos) su candidatura a un asiento en el Tribunal Penal Internacional. Pero por sus "extraordinarios méritos personales, profesionales y académicos" (según la Misión Permanente de Panamá ante la ONU), usted seguramente tiene idea de cómo fallará cuando mi memorial finalmente capte su atención. Mientras tanto, ¡qué viva la "tramparencia"!