INSEGURIDAD.

El talón de Aquiles del progresismo

Hace ya muchos años que el tema de la inseguridad se ha convertido en uno de los principales motivos de preocupación social. A veces, solo a veces, le cede el puesto al tema de la desocupación. Sin embargo, no siempre esta prioridad se refleja en el nivel de importancia y centralidad política que los gobiernos le otorgan.

En muchos países, de América Latina para no ir más lejos, algunos medios de comunicación han conseguido establecer un vínculo automático entre la inseguridad y los jóvenes. Por otra parte, no es ningún secreto que el tema de la seguridad suele convertirse en el talón de Aquiles de lo que, no sin una cierta imprecisión, se denomina el campo "progresista". No es improbable, además, que tanto la imprecisión a la que aquí se alude, cuanto las comillas posteriores se deban en buena medida a la forma como esos gobiernos se posicionan frente al tema de la inseguridad.

El caso de la ley de responsabilidad penal de los adolescentes en Chile, Ley 20 mil 84, aprobada en 2005, pero en vigor desde mediados de este año, condensa buena parte de los dilemas mencionados al comienzo de esta nota. Una ley generada a través de un largo proceso de consulta y de no menores esfuerzos de naturaleza técnico jurídica, sufrió en sus tramos finales de aprobación, algunas alteraciones que desvirtuaron una parte significativa de la intencionalidad original. En su sentido primigenio, esta reforma fue pensada no como un instrumento para resolver el tema de la delincuencia juvenil (para ello están las políticas sociales y las políticas de prevención general), sino para administrar en forma racional y transparente los conflictos de los jóvenes con la ley penal.

Se trataba de dar vuelta a la página de un sistema pseudo tutelar discrecional, que permitía la criminalización por motivos sociales de los adolescentes pobres, al tiempo que garantizaba la impunidad de los eventuales delitos graves cometidos por adolescentes pertenecientes a los sectores medios y altos. La reforma quedó a medio camino. La profunda relativización del valor de la libertad, colaboró activamente en la legitimidad de prácticas discrecionales de privación de la misma. El eufemismo de la "internación", ayudó a naturalizar situaciones como esta a lo largo de muchísimos años.

La claridad de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, estableciendo en forma explícita el carácter excepcional de la privación de libertad y su utilización en última instancia y por el menor tiempo posible, resultó un aspecto decisivo para fijar las nuevas propuestas de reforma legal. Por complejos motivos que será necesario ir develando a través de aproximaciones sucesivas, las alteraciones que apuntaban a relajar los supuestos de privación de libertad lograron imponerse. Lo curioso es que este cambio profundo en la legitimidad de la política criminal, no se debió solamente a la embestida de una derecha cavernaria, sino muy especialmente a una auto imposición de un gobierno progresista, avalada en buena medida por la percepción del carácter positivo de la privación de libertad, muy especialmente para los adolescentes pobres.

A escasos cinco meses de funcionamiento, un sistema que mide su eficiencia en términos de racionalidad tecnocrática, comienza a arrojar proyecciones sobre el número futuro de los privados de libertad, que no será fácil acompañar sin un incremento más que significativo de los recursos fiscales. No es improbable que el aumento de los costos por el uso indiscriminado de la privación de libertad, provoque recortes significativos justamente en el área de las políticas sociales y de prevención. Cuesta imaginar una metáfora más adecuada para describir esta situación, que la de una serpiente devorándose la cola. Revisar con crudeza y sinceridad los probables efectos calamitosos de persistir en el error, debería considerarse por parte de los sectores progresistas, mucho más un signo de fortaleza que de debilidad. Nunca es tarde, hasta el momento que lo es.