CASOS desvelados.

Esclavitud en la época moderna

Las dos mujeres indonesias apenas saben un puñado de palabras en inglés. Conocen las palabras patrón y patrona, que la pareja de Long Island a la que servían como domésticas les enseñó a usar para dirigirse a ella durante cinco años en el caserío de Muttontown, en la costa norte.

Sus empleadores Varsha Sabhnani y su esposo Mahender, originarios de India y naturalizados estadounidenses, están sometidos a juicio desde el mes pasado en un tribunal federal de distrito. Se les acusa de lo que el código federal penal refiere como servidumbre involuntaria o condición de peón o, en el lenguaje nacional desde 1865, el delito de tener esclavos.

Las dos mujeres, acusa el Gobierno en su auto de procesamiento, fueron "víctimas de la esclavitud en la época moderna". Es un delito contra el que pocas veces se procede judicialmente. Sin embargo, desde la aprobación en 2000 de la ley federal de protección a las víctimas de tráfico de personas, se han incrementado los procesos judiciales de menos de un puñado al año en la nación a cerca de una docena. Es probable que se conozca más la ley por centrarse en la prostitución y los traficantes de niños por motivos sexuales. No obstante, en los últimos años, en unos cuantos casos muy publicitados como el de los Sabhnani, fuerzas de tarea federales y estatales creadas para abordar el tráfico sexual también han comenzado a centrarse en la explotación de domésticas.

El año pasado, se encontró culpable en Boston a la esposa de un príncipe saudí por mantener dos sirvientas durante tres años prácticamente bajo esclavitud. En 2005 se condenó a dos médicos en Wisconsin por tener una filipina como sirvienta obligada por contrato a trabajar por 20 años. Fiscales federales obtuvieron la declaración de culpabilidad en 2003 contra una pareja en Maryland que mantuvo por 15 años a una brasileña como sirvienta sin pagarle nada.

En el caso de Long Island, los fiscales dicen que se obligaba a las indonesias a dormir en los armarios de una casa, valorada en millones de dólares, así como a trabajar día y noche; se las amenazaba, torturaba y golpeaba con rodillos y escobas; se las privaba de comida apropiada y nunca se les permitía salir, excepto para sacar la basura.

Los abogados defensores, que iniciaron la exposición de su caso el lunes, han dicho que las mujeres mienten, que practican la brujería, y han inventado una queja falsa ideada para obtener ventajas para una vía rápida que la ley federal de inmigración otorga a ciertas víctimas de tortura y abuso. Cualesquiera heridas que hayan tenido, dicen los abogados, fueron autoinfligidas durante la práctica de una cura tradicional conocida como kerokan.

Grupos de defensoría, fiscales e investigadores que estudian el tráfico de mano de obra dicen que las trabajadoras domésticas son tan vulnerables a la explotación como las sexo servidoras. "Los casos de sirvientas son con frecuencia los más brutales debido al aislamiento total en el que mantienen a estas mujeres por años y años", dijo Cathleen Caron, directora de la Global Workers Justice Alliance, un grupo de defensoría que proporciona ayuda jurídica a inmigrantes explotados.

El Gobierno solo identifica a las indonesias del caso Long Island por su nombre de pila, Samirah y Enung. Tienen 51 y 47 años, respectivamente. Cada una mide menos de cinco pies de estatura. En las muchas horas hasta ahora en las que han rendido declaración traducida y que los abogados defensores han repreguntado, proceso que se ha detenido en ocasiones por ataques de llanto, han narrado una historia siniestra que se contrapone con cada noción de la vida moderna en Estados Unidos.

Los Sabhnani, fabricantes de perfumes que tienen parientes y contactos de negocios en Indonesia, las engañaron para dejar sus empleos y familias en 2002 con promesas falsas, dicen ellas, y luego las sometieron a abusos despiadados hasta que Samirah huyó en mayo.

El caso ha puesto al descubierto el perfil de una población, en su mayoría de mujeres, oculta en los repliegues de algunos hogares muy acaudalados, de acuerdo con defensores de trabajadores explotados. Claudia Flores, abogada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles que representó hace poco a mujeres indias mantenidas en esclavitud involuntaria por diplomáticos extranjeros en Washington, dijo que los extranjeros al no estar familiarizados con la cultura y el idioma, de por sí vulnerables, son empujados a un aislamiento inadmisible.

En el informe En busca de un sueño para encontrar una pesadilla, emitido en julio por el Departamento de Estado, se dice que "la explotación de mujeres como trabajadoras domésticas en EU y el extranjero es un delito que ha quedado impune durante mucho tiempo".

El informe de los investigadores de la Oficina para Monitorear y Combatir el Tráfico de Personas del departamento, subraya la preocupación por las mujeres no capacitadas de países en desarrollo, en particular las que trabajan como domésticas, que según dice con frecuencia son víctimas en condiciones de servidumbre en los países desarrollados.

Jodi Bobb, una vocera del Departamento de Justicia, dijo que el caso de esclavitud en Long Island es uno de cerca de 100 procesos judiciales de esclavitud involuntaria o tráfico de mano de obra desde que se aprobó la ley contra el tráfico en 2000. No todos involucran a domésticas, expresó, pero la cantidad representa un incremento del doble en tales procesos en comparación con los siete años anteriores al 2000. El informe del Departamento de Estado estima que el total de personas que fueron traficadas a EU al año era de 15 mil a 20 mil. Las cifras no distinguen entre las traficadas para la prostitución o para trabajar en fábricas, ranchos o casas. Los defensores, en base en cientos de casos que se filtran a sus agencias, calculan que las domésticas representan alrededor de una tercera parte del total. En otras palabras, entre cinco mil y siete mil sirvientas inmigrantes aceptan trabajos cada año en casas donde son sumamente vulnerables a abusos.

Casi todas son mujeres sin instrucción que provienen de los países más pobres del mundo. Es posible que firmen contratos que prometen salarios que parecen magníficos en sus países –Samirah y Enung acordaron 100 dólares mensuales– pero que limitan severamente sus opciones. Las visas temporales que obtienen con ayuda de sus nuevos empleadores, por lo general, se vencen después de tres o seis meses, lo que da a éstos municiones para amenazarlas con una detención segura si salen de la casa.