telecomunicaciones.pretenden ampliar la red en áreas indígenas y rurales.

Análisis

Los costos del acceso universal

El gabinete presentará a la Asamblea un proyecto de ley que exige a las empresas del sector destinar el 1% de su facturación a dos fondos.

Los empresarios se quejan de no haber sido consultados y no están de acuerdo con la tasa establecida para tal fin.

LA PRENSA/David Mesa

CONTRASTES. En Panamá, casi 8 de cada 10 ciudadanos tiene celular, pero los que cuentan con este servicio se concentran en las áreas urbanas. La cobertura de la telefonía móvil en el país, si se mide por territorio y no por número de personas, es de solo 40%. 952620

El proyecto de ley que promueve el servicio y acceso universal a las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, aprobado esta semana por el gabinete, le ha caído como un balde de agua fría a más de un empresario del sector.

Esta ley ordena a todas las empresas de telecomunicaciones -no solo a las de telefonía y comunicación troncal, sino incluso a los centros de transmisión de datos, los servicios de acceso a internet y las compañías de televisión por cable o satélite- destinar 1% de su facturación bruta anual a dos fondos financieros.

El dinero recogido en ellos será usado para financiar proyectos que permitan ampliar la red de telecomunicaciones y de tecnología de la información vigentes, para conectar a los habitantes de las áreas rurales e indígenas que permanecen al margen de estos servicios en la actualidad.

"El Estado debe garantizar a todos los ciudadanos un acceso libre y equilibrado a los nuevos y poderosos servicios de telecomunicaciones, con sus modernas expresiones de acceso a internet, banda ancha y contenidos multimediales, para reducir la disparidad y combatir la exclusión social", sostiene la ministra de Desarrollo Social, María Roquebert León.

Pero el Ejecutivo está convencido de que con las infoplazas y programas como ‘Conéctate al Conocimiento’ e ‘English for Life’, financiados por el sector público, no será suficiente para cumplir el objetivo de reducir sustancialmente la brecha digital que existe en Panamá: según las estadísticas oficiales, por ejemplo, el 78% de la población tiene celular, pero ese grupo se concentra en las áreas urbanas y, si la cobertura se mide por territorio, se detecta que solo un 40% del territorio nacional está cubierto. Además, aunque en el país viven más de 3.3 millones de habitantes, solo 86 mil aparecen como abonados a internet (ver tablas).

10 millones por año

Por eso resolvieron incorporar al sector privado en esta tarea y comprometer -por mandato de ley- alrededor de 10 millones de dólares de los ingresos anuales de las empresas de telecomuniaciones para financiar la construcción de más infoplazas y subsidiar la telefonía en las áreas rurales y las comarcas.

"Una tasa de 1% es muy alta para las empresas. Eso debería ser revisado en la Asamblea cuando se dé el debate legislativo del proyecto", comentó Roberto Meana, secretario general de Telefónica Móviles S.A. (Movistar). "Ya nosotros pagamos a la Autoridad de los Servicios Públicos 1% de nuestros ingresos anuales para financiar el funcionamiento del Ente Regulador. Esto nos duplicaría el aporte".

Meana, al igual que la mayoría de los empresarios consultados, considera positivo que se legisle sobre acceso universal, pero advierte que los aportes del sector privado deberían ser consensuados previamente, en lugar de impuestos mediante una ley que podría terminar resultando imposible de llevar a la práctica.

¿Y cómo se come eso?

Según el artículo 5 de la ley, las empresas también quedarían obligadas a aportar a los Fondos para el Desarrollo de Proyectos de Servicio y Acceso Universal los "saldos no utilizados al vencimiento de las tarjetas de prepago para telefonía fija y móvil celular" y "los excedentes de dinero recaudados en teléfonos públicos, producto de llamadas no efectuadas o no completadas".

"¿Y cómo se come eso? ¿cómo elevar el reclamo de si se hizo o no la llamada. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Si se trata de una serie de imposiciones que las empresas no podemos cumplir, la ley quedaría en simple letra muerta", advirtió Meana.

Los empresarios piden que la ley garantice igualdad de condiciones en todas sus áreas.

"Las empresas que a partir de 2008 entrarán al mercado con la licitación de la tercera banda de celular, por ejemplo, también deber ser tomadas en cuenta en esa ley, para asegurarse de que todos pagarán y de que el mantenimiento de los fondos no dependerá solo de algunos", afirmó el financista Domingo Latorraca, presidente de la Cámara de Comercio de Panamá.

Cable & Wireless (C&W) sería una de las empresas favorecidas por este tipo de legislación, porque hasta ahora, el subsidio de la telefonía pública rural ha estado bajo su exclusiva responsabilidad y, con la nueva ley, esa carga se repartiría entre todos los actores .

"Hasta la fecha, C&W ha venido prestando a pérdida el mantenimiento e instalación de la telefonía pública rural, el plan residencial básico y programas de cierre de brecha digital en áreas de difícil acceso a un monto anual superior a los 6 millones de dólares", precisó Roberto Mendoza, director corporativo de la telefónica.

Por años, esta empresa le había solicitado al Gobierno que promulgara una legislación de esta naturaleza y, finalmente, llegó. "Esperamos que, una vez que este proyecto llegue a la Asamblea, la empresa sea invitada, al igual que los demás operadores, para presentar sus puntos de vista y efectuar sus recomendaciones", acotó Mendoza.

Preocupados

No son pocos los dueños y ejecutivos de empresas que ya han llamado a la Cámara de Comercio a expresar su preocupación por varios artículos del proyecto legal. Y una buena parte de ellos cuestiona la falta de claridad que la ley tiene en cuanto al tema de los costos de interconexión.

"Es un tema muy técnico, que debe ser ampliamente evaluado para que sea justo y no ocasione costos adicionales ‘inequitativos’ a algunas de las empresas", dijo Latorraca, quien en nombre del gremio empresarial pidió a la Asamblea un debate "amplísimo" con este proyecto y garantizar un "análisis comprensivo" para asegurar que se fortalezca el sistema de telecomunicaciones del país.

VOCES CALIFICADAS

Incorporando a la sociedad de la información y conocimiento a todos los habitantes, especialmente a los que están en edades productivas, podremos llevar al país al primer mundo.

Gaspar Tarté
Secretario de Innovación

Definan cómo las empresas -previo diálogo con el Estado- pueden usar sus fortalezas para llevar los servicios a todo el país, pero no a través de la imposición legal sino del consenso.

Roberto Meana
Secretario de Movistar

Esperamos que el Gobierno presente un proyecto que tome en consideración los elementos clave del servicio y acceso universal, y que garantice la igualdad de condiciones.

Roberto Mendoza
Director de C&W