DESIGNACIONES.

El Cemis y los nuevos magistrados

Faltan pocos días para que finalice el año, hecho que coincide con la culminación del periodo de dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), lo que implica que el Ejecutivo, por mandato constitucional, designará nuevos profesionales del derecho en dichas posiciones, así lo contempla el artículo 203 de la Constitución.

Con motivo de las declaraciones de un magistrado de la CSJ que datan de 2005, el Presidente nombró su primera "comisión" para que encontrara soluciones a los cuestionamientos de la justicia panameña, así se recomendó –como un grandísimo logro– la creación de una comisión evaluadora, integrada por ciudadanos que representan a importantes sectores de la sociedad y que harían una especie de filtro de los aspirantes, figura dicho sea de paso "inconstitucional", toda vez que ese escrutinio le compete al Consejo de Gabinete, en virtud del artículo antes citado. Hay miembros de la referida comisión que conocen de derecho, lo que los abogados conocemos sobre el derecho intergaláctico, es decir, absolutamente nada. Imponen plazos fatales de 10 días para esto y 10 días para aquello, como si se tratase de calificar a una de las parejas de Bailando por un Sueño o a los cantantes de Vive la Música; pretendiendo de esta manera darle legalidad a su actuación. No los culpo, el único responsable de este enredo es Martín Torrijos, quien los utiliza para vender la idea de que la "amical designación" fue estudiada por una comisión que no figura en ningún artículo de la Constitución.

El panorama es desesperanzador, tendremos que esperar las designaciones que haga Torrijos para que el ala oficialista de la Asamblea las ratifique, sin cuestionamientos. Como no esperamos sorpresas agradables, estaría satisfecho si algunos de los aspirantes manifestara su compromiso con emprender acciones legales a efecto de que el caso Cemis, uno de los mayores escándalos de corrupción en Panamá se aclare, de una vez por todas, y se sancione con prisión a los tuvieron algún grado de participación. No debe importarle al nuevo magistrado (a), si releyendo algunas de las fojas del expediente se encuentra con relatos sobre "supuestos hechos" denunciados por algún ex legislador (1999–2004). Lo que queremos los profesionales serios del derecho y muchos ciudadanos es que algún día selogre la reapertura del caso y se castigue a los corruptos.