INFORME. FUNDACIÓN PARA EL DEBIDO PROCESO LEGAL OPINA SOBRE PANAMÁ.
‘Corrupción judicial socava la democracia y la institucionalidad’
El estudio no constituye un diagnóstico de corrupción, sino que busca informar de los problemas de esta.
El Órgano Judicial promueve actualmente reformas contrarias a lo establecido en el informe.
| LA PRENSA/Archivo |
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| MÉTODO. El informe propone establecer una nueva fórmula para la selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 951137 |
Rafael Pérez G.
rperez@prensa.com
Panamá requiere una urgente reforma que garantice la democracia y la estabilidad institucional afectada gravemente con la percepción de corrupción en la función judicial, según revela un informe regional de la Fundación para el debido proceso legal, con sede en Washington, distrito de Columbia, Estados Unidos.
Bajo el título "Controles y descontroles de la corrupción judicial", la Fundación, creada en 1998 por Thomas Buergenthal, actual juez de la Corte Internacional de Justicia, evalúa la corrupción judicial y los mecanismos para combatirla en Centroamérica y Panamá.
Los autores, sin embargo, advierten que el estudio no se constituye en un diagnóstico exhaustivo del estado de la corrupción judicial, ni es un compendio de las normas de control de la corrupción en el sector justicia, sino que recolectó información y la interpretó con miras a proporcionar indicios sobre los principales problemas de la corrupción.
Para ello, dijeron, se hicieron entrevistas a usuarios y operadores del poder judicial en los países analizados y examinaron estudios preparados en los países blanco de este estudio.
Sobre la situación en Panamá, el informe reconoce que se han dado los primeros pasos para mejorar el sistema, pero se requiere de "cambios estructurales" que impacten las bases originales de la corrupción.
Los autores proponen, por ejemplo, enmiendas constitucionales y legales que establezcan una nueva fórmula para la selección de magistrados de la Corte Suprema, al igual que establecer una "verdadera autonomía e independencia" que no esté cimentada en la Corte, sino en una función judicial que, a su juicio, es "inherente a la actuación de cada juez".
También se sugiere eliminar las instancias dependientes directamente del máximo tribunal de justicia, tales como el Consejo Judicial y las direcciones de Auditoría Judicial, Recursos Humanos, Escuela Judicial, entre otros. Contrario a esta iniciativa, el Órgano Judicial promueve reformas a la ley de carrera judicial en la que dejan el nombramiento y remoción del personal administrativo, entre ellos las direcciones arriba citadas, en manos del pleno de la Corte, cuyo presidente es electo cada dos años.
En el informe también se analiza el papel de la Asamblea Nacional, el Ministerio Público, la Contraloría y el Consejo de Transparencia contra la Corrupción.
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