PREVENCIÓN DEL DELITO.

La realidad de la criminalidad en Panamá

No podemos tapar el sol con la mano y dejar de reconocer que nuestro país ha experimentado un cambio drástico en el estado de confianza ciudadana, a partir de 1990. En Panamá se marca una diferencia en la forma y fondo de las actividades delictivas.

Aún cuando el tema de la seguridad ciudadana es uno de los principales problemas sociales de casi todos los países de América Latina, en Panamá este fenómeno no era tan visible como se percibe hoy. El delito existía pero no con las connotaciones que vemos ahora en nuestro entorno.

El panameño común se siente inseguro. Está muy preocupado por los incrementos de la tasa de criminalidad, en particular, por los delitos violentos. Esto se hace más evidente en aquellos mayores de 40 años que pueden establecer una diferencia entre un antes y un después. Lo cierto es que el problema es complejo y combina varios elementos: la realidad (la propia criminalidad, es decir, los delitos que se cometen todos los días; las legislaciones penales y el funcionamiento de los diversos componentes del sistema penitenciario) y la percepción (la opinión del ciudadano sobre la delincuencia y la intervención de las autoridades responsables del cumplimiento de la ley).

El ciudadano quiere una mayor represión del crimen, de ello se derivan las políticas y expresiones conocidas de "mano dura, superdura, blanda y amiga", que no dan solución puesto que se trata de un problema que no es únicamente de carácter policial.

Los llamados "delitos en la calle" que se comenzaron a observar de forma continua en la década de 1990, motivaron a que el señor presidente de la República, Martín Torrijos Espino, desde 2003 (era candidato en ese entonces), diseñara, junto a un equipo de colaboradores especializados en el tema, un nuevo enfoque estratégico para obtener soluciones satisfactorias al problema de la criminalidad y de la inseguridad ciudadana.

Este enfoque buscaba romper los modelos clásicos de represión a la delincuencia y reforzar los diagnósticos previos sobre la situación, la formulación conjunta de cierto número de acciones y la evaluación de sus resultados, en un curso de acción propia de otras regiones en América Latina. La máxima expresión de ese esfuerzo era integrar los componentes comprometidos en esta lucha para que no se viera únicamente como un problema de carácter policial, dejando por fuera otras variables importantes para los resultados que se esperaban lograr.

Esto dio lugar a la "Estrategia de Seguridad Integral" como un modelo que ha demostrado una utilidad para enfrentar la problemática. La lucha no solo se debe enfocar en la persecución del crimen per se, sino también en la prevención del mismo, mediante políticas científicas que evitasen que los jóvenes más vulnerables, provenientes de hogares desintegrados, se constituyesen en una estadística más en la ola de menores delincuentes. De esto nace el Programa de Seguridad Integral (Prosi).

Hemos destacado que la República de Panamá, a diferencia de otros países de la región, experimentó cambios profundos en la comisión de delitos, que nos encontró con escasas experiencias, pese a las importantes reformas tanto en la Fuerza Pública como con nuevas legislaciones, etc. A pesar de estos esfuerzos no hemos llegado a una síntesis sobre lo realizado o lo propuesto; a pesar de que la Estrategia de Seguridad Integral diseñada es la correcta, nos falta un poco de tiempo para comenzar a ver los resultados.

La Estrategia de Seguridad Integral, como modelo apropiado para enfrentar el crimen, no es una varita mágica que resolverá el problema de forma inmediata. Lo repito, el problema es complejísimo; no basta desplegar policías en todo el país. Esto detiene pero no neutraliza de forma sostenida el accionar criminal. Sin embargo, es una política pública en materia de seguridad que nos indica un rumbo definido sin caer en improvisaciones.

La realidad de la criminalidad –para cuya solución se imponen acciones diferenciadas, aunque congruentes entre sí– se magnifica todos los días a través de los medios de comunicación social que, en su derecho de informar a la ciudadanía, contribuyen a mantener vigente este problema. Solo basta observar la programación noticiosa matutina para percatarnos de que, casi de forma simultánea, se resaltan eventos que tienen que ver con actividades criminales, accidentes de tránsito, muertes, etc. como si el país gravitara únicamente alrededor de estos hechos que en definitiva no son gratificantes. Para ojos extraños, Panamá es un caos, un país en el que no se puede vivir.

Una cosa es cierta y es el compromiso ineludible del Gobierno para enfrentar la delincuencia con planes bien estructurados y adecuados a las nuevas modalidades de la criminalidad. De igual forma, se puede tener una Policía eficiente y una instancia de justicia que juzga de forma expedita, pero esto no basta si no se dispone de una política de rehabilitación que ayude a recuperar a aquellas personas que han atentado contra la sociedad.

Ese eslabón perdido requiere el concurso de todos, porque de nada sirve que el Estado resocialice a un reo, si cuando queda libre la sociedad no le da la oportunidad de reinsertarse y lo obliga a reincidir en la la comisión de delitos.