| críticas. conflicto de interés político.
FSLN controla poder judicial
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Martínez, afirmó que la justicia es un poder político.
Recordó que no es potestad presidencial la creación de las leyes, sino solo su ejecución.
| AP/Javier Galeano |
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| conflicto. Daniel Ortega, presidente de Nicaragua.948006 |
MANAGUA, Nicaragua/DPA
El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Manuel Martínez, afirmó que el sistema judicial de Nicaragua está bajo control del gobernante partido sandinista, lo que lo ha convertido en "un poder político", según declaraciones publicadas ayer en la prensa local.
"No tengo ambages en confesar que la justicia está controlada por una mayoría FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional)", dijo el alto funcionario al referirse a un conflicto político surgido entre el presidente Daniel Ortega y el Parlamento, y que se trasladó al Poder Judicial.
Mediante un criticado arreglo político negociado en 1998, Ortega y el entonces presidente liberal Arnoldo Alemán se repartieron los principales cargos de dirección en el Poder Judicial, el Tribunal Electoral y otras instituciones clave del Estado.
En la CSJ, formada por 16 jueces, el propio Martínez forma parte del grupo de ocho magistrados designados por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha). El FSLN controla los otros ocho cargos, incluyendo la vicepresidencia de la Corte en poder político, maniobrable, inmerso en la marea y casi en la ley del Oeste", dijo el funcionario al admitir que tal situación le resta credibilidad a la principal entidad de justicia.
"Un Poder Judicial que está dominado por un sector político no es un poder judicial, es un poder político, y eso no es bueno para una sociedad moderna", añadió.
Martínez criticó el poder de ostentar el Tribunal de Apelaciones de Managua, controlado por los sandinistas y que "ha llegado al grado de mandar a suspender nombramientos hechos por la CSJ".
"Casi estamos en la ley del Oeste, donde no queda más que decir: está mal hecho, está mal hecho y no lo puedo componer porque estoy en minoría y la democracia es eso, mayoría", se lamentó.
El presidente de la CSJ Martínez cuestionó la advertencia de Ortega de que gobernaría por decreto si el Parlamento, controlado por la oposición, decide paralizar labores en rechazo a la intervención del Poder Judicial en la crisis política.
Recordó que no es potestad presidencial la creación de leyes sino solo su ejecución, y recomendó a Ortega definir mejor sus atribuciones porque de lo contrario podría ocurrir "un conflicto entre los poderes".
El conflicto político surgió después de que el Parlamento prohibió a Ortega conformar los polémicos Consejos de Poder Ciudadano (CPC), células creadas por decreto presidencial y que operan en barrios y municipios bajo la dirección de la primera dama Rosario Murillo, para "ejercer la democracia directa".
Tras la oposición del Congreso, Ortega recurrió al Poder Judicial, que anuló la decisión legislativa.
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