DESFALCO. AL MOMENTO SE HA REPORTADO EL HURTO DE 892 mil 932 dólares con 88 centésimos.

FECE: política y nepotismo se unen

Betzy Guzmán tiene nexos de amistad con importantes figuras del PRD; entre ellas, el diputado del 8-6 Leandro Ávila y Margarita Gallardo de Aldeano, vicepresidenta del Comité Directivo Nacional del PRD en San Miguelito.

A pocos días de su salida del cargo, el ex ministro Miguel Ángel Cañizales advirtió a la directora nacional de Educación, Mirna de Crespo, que no reincorporara a Guzmán por los escándalos a su alrededor, sin embargo, esta fue reintegrada.

LA PRENSA/Víctor Arosemena

OBRA. Después de un año, no había luz en el IPT de Chilibre. Sin embargo, ayer se colocaban luminarias.947007

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Una de las 25 funciones que tienen las direcciones regionales, según la Ley Orgánica de Educación, es "aplicar mecanismos de control en las transacciones presupuestarias y financieras".

La auditoría efectuada por el Ministerio de Educación desde el 1 de enero de 2005 al 31 de octubre de 2007, en la Dirección Regional de San Miguelito, revela que algo falló y dio pie al desfalco de 892 mil 932 dólares con 88 centésimos del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE).

En esta región educativa faltaban "solicitudes de bienes y servicios, cotizaciones y órdenes de compra que justificaran la emisión de cheques". Así se indica en el informe. Más categórico todavía, "no se implementaron los controles adecuados para custodiar los cheques pagados por el banco".

El documento, firmado por cuatro auditores de Meduca y el director nacional de Auditoría Interna, Danilo Hernández, revela la "inexistencia de 184 cheques cuyos importes ascienden a 581 mil 511 con 19 centésimos correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2005; enero, mayo, julio, agosto, septiembre y diciembre de 2006; enero, febrero, marzo y abril de 2007, los que no aparecen físicamente".

Igualmente se demuestra la omisión de la chequera 9001 a 9050 (50 cheques), de los que 31 fueron pagados por el banco por un valor de 49 mil 740 con 90 centésimos, desconociéndose la existencia de los 19 cheques restantes. Además, se firmaron otros 172 cheques en blanco.

¿CONCURSO?

La Ley Orgánica de Educación es clara. "Los directores regionales de educación serán nombrados para un periodo de cinco años, coincidente con el periodo presidencial, mediante concurso por oposición de créditos, méritos y competencias", indica el artículo 8.

Luis López, dirigente magisterial, no tiene dudas de que en el nombramiento de Betzy Guzmán, ex directora regional de San Miguelito, la Ley Orgánica de Educación fue violada.

"Se trata de un nombramiento político, como todos", asegura. Cuando Martín Torrijos llegó a la Presidencia de la República, las 13 regiones escolares del país, según López, no habían sido sometidas a concurso. Poco después y por presión de los docentes, tres regiones pasaron a ser ocupadas por profesores que sometieron sus hojas de vida al escrutinio público (Panamá este, Panamá oeste y Bocas del Toro).

Sucede que en San Miguelito, Guzmán tiene nexos de amistad con importantes figuras del Partido Revolucionario Democrático, por ejemplo el diputado perredista del 8-6 Leandro Ávila y Margarita Gallardo de Aldeano (hermana de Joaquina Gallardo, quien es requerida por las autoridades por desfalco), actual vicepresidenta del Comité Directivo Nacional del PRD en San Miguelito.

Las hermanas son sobrinas de la viceministra de Educación, Zonia Gallardo de Smith.

Además, Gallardo de Aldeano es actualmente Directora Nacional de Mejoramiento Habitacional del Ministerio de Vivienda, cuya titular es Balbina Herrera, primera subsecretaria del Comité Ejecutivo Nacional del PRD.

Fue precisamente Gallardo de Aldeano quien propuso a Guzmán para la dirección regional de Educación del distrito, compuesta por 92 escuelas, y consiguió su propósito el 11 de octubre de 2004. Ese día, Juan Bosco Bernal, ministro de Educación, la posesionó en el puesto.

El ex titular, es a la sazón, hermano de la diputada Dalia Bernal, esposa de Augusto García. Este último asumió la dirección nacional del FECE con la llegada de Martín Torrijos a la Presidencia, y fue destituido el pasado miércoles como consecuencia de las investigaciones administrativas y penales por el desfalco.

"Margarita entraba y salía de la dirección regional cuando quería, además nombraba a quien quería", dijo una fuente del sector educativo a este diario.

RECHAZO TOTAL

Desde que Guzmán pisó la regional de Educación se auguraba una tormenta. Surgieron cuestionamientos de docentes, padres de familia e incluso, de algunos de sus copartidarios.

Y es que esta profesora de orientación, al momento de su nombramiento, había enfrentado ya duras críticas por un supuesto desempeño deshonesto en el Instituto Fermín Naudeau, donde laboraba.

Meses después, en 2005, el tema de malversación de fondos fue denunciado por miembros de la comunidad educativa de San Miguelito (docentes y padres de familia).

En la Dirección de Asesoría Legal del Ministerio de Educación (Meduca) reposan documentos que dan cuenta de la ausencia de funcionarios por varios días, sin la presentación de certificado médico o excusas justificadas; incumplimiento de horarios de trabajo, cobro de viáticos sin asistir a la misión; "complicidad de directores de escuela y la dirección regional" en trabajos de mantenimiento en los planteles.

En este grupo se incluye a las escuelas República de Corea, Santos Jorge, Tomás Arias, Grecia, Instituto Rubiano, Arnulfo Arias, Francisco Beckman, Don Bosco Samaria, El Valle de Urracá y República de Francia.

En estos centros educativos había quejas, entre otros aspectos, por trabajos de plomería que no se efectuaban y se cobraban varias veces a través de compañías ficticias, y por la solicitud de coimas para hacer la evaluación que se requiere como parte del proceso de adjudicación de las obras.

El cheque No. 2402 por 434 dólares, del 14 de septiembre de 2006 firmado por Betzy Guzmán, detalla la compra de tableros y murales para la Escuela Nuevo Caimitillo.

En este plantel todavía están a la espera del material didáctico.

Los casos siguen. En la Fiscalía Anticorrupción está la denuncia de Alexis Miranda, contra Guzmán, quien hasta el pasado 2 de julio trabajó como asistente administrativo en la dirección de Educación de San Miguelito. Miranda la acusa de pedirle dinero a cambio de entregarle el cheque de su salario. Las diferencias entre ambos llegaron a agresiones verbales y físicas que culminaron en la destitución de Miranda y la separación de Guzmán.

El hecho más reciente relacionado a un supuesto mal manejo de fondos en escuelas de la regional de educación de San Miguelito, Las Cumbres y Chilibre, se registró en el Instituto Profesional Técnico de Chilibre.

En la nota No. 031-07 enviada por la Contraloría General a Guzmán, el pasado 2 de octubre, se le notifica a la funcionaria sobre la existencia de documentación que comprobaba la malversación de dinero por parte de Manuel Caballero, director del plantel.

El documento guarda relación con trabajos eléctricos en el centro escolar.

En el IPT de Chilibre no hubo luz eléctrica en los salones desde el año pasado hasta el viernes 23 de noviembre de este año, como aseguró el profesor Aníbal Nicholson, pese a que la Dirección Regional de Educación autorizó una partida extraordinaria por 15 mil dólares para la instalación del sistema eléctrico desde 2006.

ILEGALIDADES

Las constantes denuncias contra Guzmán motivaron su separación del cargo en julio de este año. El hasta ese momento ministro de Educación, Miguel Ángel Cañizales, ordenó la medida por dos meses (julio y agosto).

La ex directora regional debía reintegrarse el 1 de septiembre, justo cuando Cañizales se despedía de Meduca para ser reemplazado por Belgis Castro.

En una reunión en la que participaron más de 10 funcionarios del ministerio, Cañizales advirtió a la directora nacional de Educación, Mirna de Crespo, que no reincorporara a Guzmán por los escándalos que había a su alrededor, así lo revela una fuente consultada.

La advertencia, además, estaba sustentada en que para ese momento se adelantaba una auditoría sobre el uso de los dineros del FECE en la dirección de San Miguelito, que dirigía Luis Rodríguez, conocido por muchos por su estrecha cercanía con Guzmán. Esta misma instrucción había sido dada previamente a la viceministra Zonia Gallardo de Smith.

Guzmán volvió a su puesto, a pesar de que la Ley Orgánica de Educación en su artículo 7, numeral 6, exige como uno de los requisitos para ocupar el cargo de director (a) o subdirector (a) regional de Educación: "No haber sido condenado por delito contra la administración pública, ni sancionado administrativamente en el Ministerio de Educación por falta grave".

Este diario conversó con Betzy Guzmán, quien dijo que por el momento no puede dar declaraciones al respecto, al tiempo que agregó: "yo no tengo miedo de nada".

Se intentó obtener una reacción de Asesoría Legal del Meduca, sin embargo, el director Manuel Castillero no respondió.

(Con información de Edgar Enrique Figueroa y José Otero).

Fijan fianzas de 200 mil dólares

El Segundo Tribunal de Justicia deberá resolver las apelaciones de dos fianzas de excarcelación que, por un monto de 200 mil dólares cada una, fijó ayer el Juzgado Tercero ramo penal de San Miguelito en favor de Teodoro Castillo y Joaquina Gallardo, investigados por el desfalco al FECE de San Miguelito.

Fuentes ligadas a estas investigaciones informaron que las fianzas fueron apeladas por la Fiscalía Auxiliar, por considerar que las personas implicadas en estas sumarias no deben ser beneficiadas con esta medida, y por los abogados de los imputados, quienes sustentaron que el monto de estas era muy elevado.

Se informó que los abogados de Mitzi Miranda, quien laboraba en las oficinas del FECE de San Miguelito y quien también está detenida por este caso, no han presentado solicitud de fianza para su clienta. La ex directora regional fue destituida del cargo y se reintegró al Fermín Naudeau. Hasta el momento no se le han levantado cargos.

De igual forma una persona, que prefirió no identificarse, se presentó ayer al Ministerio Público para servir de vocera de Joaquina Gallardo.

Aunque Gallardo tiene orden de indagatoria y de conducción, se mantiene prófuga, y según se conoció, el supuesto intermediario tenía previsto entregar al Ministerio Público una grabación donde la imputada explicaba su actuación.