El problema de seguridad pública que vivimos en Panamá ha alcanzando niveles preocupantes. La sensación de inseguridad que se palpa en las calles ya no se apacigua ni con el encarcelamiento de los delincuentes, quienes burlescamente nos están demostrando que se encuentran en control tanto fuera, como dentro de las prisiones.

En las últimas semanas, los criminales han enviado claras señales de que su privación de libertad no constituye obstáculo, pues no solo las fugas se producen casi a diario, sino que las operaciones ilegales siguen manejándose desde las celdas que ahora son también sus centros de comando.

El asunto es tan crítico, que hasta el director del sistema penitenciario ha precisado redoblar su seguridad personal, mientras a la ciudadanía no hay quien la resguarde, mucho menos quien la proteja. En tres años, el gobierno de turno ha ensayado cinco planes de seguridad, convirtiéndonos en cobayas para sus experimentos. Ya es tiempo de ponerle fin a tanta improvisación e implementar de una vez por todas una política coherente e integral de seguridad pública.