FOTODENUNCIA Comunicación al alcance de la mano

CORTESÍA | Digno Argüelles

TRILOGÍA | En un área de menos de 20 metros de extensión, los peatones se ven expuestos a una “carrera de obstáculos” urbana. Deben sortear una excavación dejada a medio camino, un hoyo causado por meses del vertido de agua potable (que el Idaan no termina de reparar) y ahora, los cables de la red telefónica que están al alcance de la mano. El desperdicio de agua se ha controlado un poco porque algún vecino cansado de la inacción de las autoridades cerró una llave de paso; ojalá ello no signifique que el Idaan se termine de desconectar del problema, porque es una infamia que se bote tanta agua en una ciudad en donde hay miles de hogares que no cuentan con el suministro mínimo. Y sobre los cables, con suerte, siendo el teléfono un vehículo de comunicación, los responsables acudan a hacer las reparaciones necesarias, antes de que haya algo más que lamentar.

Asalto a la fe pública

El problema, para ‘La Prensa’ es que es responsable de proteger al lector de los intentos de colarle propaganda disfrazada de información, y falló en su tarea.

Se coló un ratón por una rajadura en la pared. En la edición del 19 de octubre de 2007, en la página 9A de La Prensa, apareció un aviso de página completa de la Presidencia de la República que reproducía una entrevista hecha por periodistas de la radioemisora KW Continente al presidente Martín Torrijos.

El formato combinaba con buen tino elementos distintivos del espacio editorial (de noticias) de La Prensa, aunque se incluyeron los elementos gráficos característicos de la información publicitaria (como la advertencia de que es un aviso y el número del anuncio), pero eso sale tan pequeñito que puede pasar inadvertido para el lector desprevenido. Lo interesante es que el mismo contenido, con otras formas, fue publicado ese mismo día en otros medios impresos, pero en ninguno de ellos se copió su estilo editorial; quedaba sumamente claro que era publicidad y no había margen para la confusión ni para el más despistado.

No es la primera vez que ocurre un incidente similar. Ya en ocasiones previas, anunciantes habían colado avisos usando el formato de noticia. ¿Para qué? se preguntará el lector. Pues, no es lo mismo promover, como un anuncio cualquiera, las bondades de un producto, que hacer ver que una "noticia" o "reportaje" elogia o habla favorablemente de ese mismo producto. Piénselo... ¿a qué le creería Ud. más, a un aviso o a lo que cree es una noticia? El peso o credibilidad del medio termina siendo un endoso o garantía para ese producto. Se explota la credibilidad del medio en un esfuerzo de venta, no editorial.

Estos incidentes violentaron flagrantemente las normas del diario La Prensa, compiladas en el Manual de Redacción. Ese manual empieza justamente enumerando las normas éticas del periódico que expresa en un decálogo. El noveno mandamiento ético de La Prensa dice, a la letra: "9. Distinguir claramente entre contenido publicitario y contenido periodístico. El anunciante compra un servicio, no la adhesión del medio a sus intereses." Y al reconocer los derechos del lector, indica, en el punto 8, que el lector tiene derecho "A distinguir con facilidad entre el contenido periodístico y el publicitario." Y, ya en términos más prácticos el Manual indica: "4.1. Los tipos de letra reservados para las informaciones no pueden ser utilizados en la publicidad."

La pregunta que me hice yo, es cómo si ya había ocurrido antes este "asalto" a la fe pública, y las reglas no dejan lugar a interpretaciones, esto volvió a ocurrir. Como yo lo veo, cuando el premio es grande, el ingenio siempre busca cómo saltar la barda. Y el premio es grande: influir a quien compra y llevarlo a elegir el producto que se ofrece.

En este caso, el producto que se intentaba vender era una imagen positiva del presidente de la República, Martín Torrijos, y los supuestos méritos de su gestión. Sin entrar a discutir si el producto tiene o no las cualidades que se aspiraba a proyectar, el problema estuvo en el mecanismo utilizado para venderlo. Usar el formato editorial del diario de tal forma que un lector desprevenido pueda confundir el mensaje publicitario-propagandístico con una cobertura noticiosa es un mal indicio.

El caso es que sin importar la naturaleza del producto que se promueva, la forma fue mala porque se violó la confianza del lector. El problema, para La Prensa —que es lo que me incumbe a mí como defensora del lector— es que ella es la responsable de proteger al lector de estos ataques alevosos... y falló en esta tarea.

Los procedimientos de control, y el proceso de revisión no se cumplieron cabalmente por una serie de situaciones circunstanciales que demolieron los controles habituales.

La Prensa falló, el agresor se coló por puertas no aseguradas y mediante un abuso de confianza. "Pero hemos tomado las previsiones para que no vuelva a ocurrir. Se han reforzado las medidas de control, para evitar ser sorprendidos nuevamente. No queremos que el lector de La Prensa crea que endosamos este tipo de cosas, y nos sentimos apenados por haberles fallado", aseguró César Tribaldos, vicepresidente de la junta directiva de Corporación La Prensa, actualmente encargado de la gerencia general.

Ahora, nos queda esperar para ver cómo se comportan esos controles, porque este atentado contra la fe del lector no puede ser tolerada.

Compromiso profesional

12 DE NOVIEMBRE.Con relación a la noticia "Día crucial para el conflicto médico" [aparecido en la pág. 5A, bajo la firma de José Arcia], en la edición del lunes 12 de noviembre [de 2007], que puede leer en la sección Panorama, deseo expresar lo siguiente. Hay una gran cantidad de profesiones que cuentan con un "credo" o "decálogo".

En todos los casos, casi todos esos profesionales se sienten orgullosos de él y lo demuestran exhibiéndolo en sus oficinas. Quiero referirme al famoso juramento hipocrático que, supuestamente, es el credo de los discípulos de Hipócrates, Esculapio y Galeno. De este famoso juramento, quiero extraer un extracto, para la consideración de la cantidad de ciudadanos humildes perjudicados por la huelga médica, veamos: "Según mi habilidad y juicio, seguiré el sistema de régimen que considere de bienestar para mis pacientes y me abstendré de toda cosa que sea destructiva y perjudicial.Viviré y practicaré mi arte con pureza y honestidad. A cualquier casa que entre, lo haré por el bienestar del enfermo y me abstendré de todo acto voluntario de maldad y corrupción, y, además, evitaré la seducción de mujeres y hombres, ya sean libres o esclavos.Mientras continúe manteniendo inviolable este juramento, ¡que se me conceda la gracia de disfrutar de la vida y de practicar el arte, respetado por todos los hombres de todos los tiempos! Pero si transgrediera o violara este juramento, que el infortunio sea mi suerte".Como profesional no puedo estar en contra de las aspiraciones salariales de nadie, pero creo que toda aspiración salarial tiene que ser cónsona con la realidad económica del ente que la enfrenta, sea este el sector público o el privado.

Tampoco puedo aceptar, que el gremio médico esgrima argumentos tales como que la responsabilidad profesional de ellos es mayor que la de cualquier otra profesión. Pregunto, ¿que sucedería con un arquitecto o un ingeniero, que diseñasen una estructura con errores de cálculo y cediendo ésta, cause la muerte de un ciento de personas? Casi todas las profesiones debidamente organizadas cuentan con una ley que las reglamenta y también un código de ética. Podría hacer una digresión sobre la ley del CPA y su código de ética, pero resultaría demasiado extenso para mi gusto y espacio. Pero recomiendo investigar dos cosas: las sanciones a los CPA que transgreden la ley y la cantidad de profesionales de la contabilidad que han sido sancionados legalmente por violar la ley. ¿Resulta igual con los médicos? Hago un llamado a la cordura. Los verdaderamente perjudicados son los más necesitados de nuestro país. Hagámosles justicia cumpliendo con nuestras obligaciones.

Efraín Ramos Solano
Contador Público Autorizado

Ministra de Vivienda aclara noticia

12 DE NOVIEMBRE.La noticia aparecida en primera plana en la edición del [día domingo] 11 de noviembre [de 2007] del diario La Prensa, que pone en duda la transparencia del Ministerio de Vivienda, nos merece algunos comentarios.El titular que encabeza la primera plana: "El Mivi bloquea informes", así como el que preside el texto de la página 5A: "Los expedientes secretos del Mivi", están alejados de la verdad, lo mismo que el contenido de esos encabezados, porque afirman que se aprobó un reglamento en el que se restringe el acceso a resoluciones y copias de contratos, además de afirmar que existen "expedientes secretos", lo que no es cierto.Lo que parece es que existe una confusión respecto al alcance del Reglamento Interno del Mivi y su relación con la Ley 6 de enero de 2002, conocida como Ley de Transparencia.

El reglamento trata de los deberes y derechos de los servidores públicos y la ley regula los aspectos de la información que deben estar al alcance de los usuarios del servicio público.Lo positivo de esta publicación es que me da la oportunidad de aclarar cualquier duda que pueda generar la noticia y hacer conocer a la ciudadanía que este ministerio, en cumplimiento de la ley, ha hecho públicos todos sus actos y nunca ha negado una información que le haya sido solicitada.Toda gestión que involucre un contrato de obras y servicios con la Institución, se hace a través del sistema de "Panamá Compra", que es público y transparente. Todas las resoluciones, una vez aprobadas por las dependencias competentes, y los contratos una vez refrendados son publicadas en la Gaceta Oficial. Toda determinación que tome el ministerio que esté relacionada con el tema urbanístico o similar, es precedida por una consulta pública, amplia, bien publicada y atendida por personal idóneo y competente.

Este procedimiento de consulta ciudadana lo introdujo nuestra administración en la Ley de ordenamiento territorial.Debo aclarar que el capítulo VI del Reglamento Interno del Ministerio no se refiere a restricciones ni calificaciones de confidencialidad de la información que deba darse a los usuarios, por lo que no se aplica a las solicitudes rutinarias de ninguna información y menos a las que se amparen en el recurso de hábeas data y no tiene nada que ver con la aplicación de la Ley 6 de 22 de enero de 2002.El reglamento interno citado regula los derechos y deberes de los servidores públicos, regula las relaciones de acceso a cierta información que puedan tener los servidores públicos.Debemos reconocer que en toda institución existen documentos que únicamente pueden ser divulgados, certificados o autenticados por el servicio competente para ello.Además, existen documentos que no tienen vida jurídica hasta que se publiquen en la Gaceta Oficial.Por otro lado, si bien es cierto que desde el punto de vista formal ningún reglamento está por encima de la ley, también es cierto que de existir alguna ambigüedad esta tendría que ser corregida, para lo que no existiría ningún problema u objeción.

El reglamento está basado en un modelo que data del año 1999, surgido de la Ley 9 de Carrera Administrativa, en el que se sustentaron todas las instituciones públicas que han confeccionado los suyos. Además, a pesar de que todo acto público goza de la presunción de legalidad, hemos iniciado la realización de las consultas que correspondan paraaclarar lo que sea necesario aclarar.Aprovecho para informarle que el Mivi ha emitido una cantidad apreciable de certificaciones, opiniones, informes y documentos, surgidos de la petición de los usuarios y de nuestra propia voluntad, porque, reitero, todo lo que hace es transparente y de dominio público.

Ing. Balbina Herrera Araúz
Ministra de Vivienda