Los usuarios del sistema de salud pública no merecen lo que está pasando. Por un lado, los médicos han pisoteado el juramento hipocrático que debe guiar el ejercicio de su profesión, y han optado por darle la espalda a los miles de niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas con discapacidad que no han recibido atención médica en los últimos tres días.

Por otra parte, el Gobierno no ha sido lo suficientemente hábil en la mesa de negociación como para convencer a los galenos de que levanten el paro, y así pueda el Estado garantizar el derecho a la salud para todos los panameños, tal como es su obligación constitucional.

Mientras todo esto ocurre, los usuarios siguen desamparados y las pérdidas económicas alcanzan ya casi 2 millones de dólares. El Gobierno tiene la obligación de resolver, ya sea logrando el levantamiento del paro o accionando un plan alterno de atención que evite una tragedia.