MUERTE EN EL IDAAN.LO QUE DICEN LOS MANUALES SOBRE UN TIROTEO ENTRE POLICÍAS Y LADRONES.

‘Prohibido el uso de la fuerza letal’

Las normas del SPI indican que cuando están en peligro terceras personas, no se puede usar armas de fuego.

El director de la Policía Nacional aclara que en el terreno pueden pasar hechos que obliguen a una reacción.

LA PRENSA

PROTAGONISMO. Tras ser alertados del asalto en la sede del Idaan, los funcionarios del SPI actuaron, frustraron el robo y detuvieron a cinco sospechosos.935433

Sin perder de vista que la muerte de la arquitecta Cristina María García Eleta fue la consecuencia directa de un asalto perpetrado por antisociales en el Idaan de Corozal, a partir de ese hecho la opinión pública ha comenzado a preguntarse si la actuación del Servicio de Protección Institucional (SPI), que frustró el robo, fue la correcta.

Según los análisis balísticos de la Policía Técnica Judicial (PTJ), todo parece indicar que fue un agente del SPI el que mató a la arquitecta. De hecho, una de las pistolas pertenecientes a los funcionarios de esa entidad coincide 98% con el proyectil extraído del cadáver de la víctima.

En tanto, el protocolo de autopsia suscrito por las autoridades del Instituto de Medicina Legal deja claro que García Eleta recibió el tiro por la espalda y según lo dicho por el fiscal Auxiliar, Luis Martínez, todo apunta a que la víctima fue sorprendida cuando descendía de su vehículo, posición que coincide tanto con la ubicación de los agentes del SPI (atrás de ella) como la de los ladrones (frente a ella).

Analizando un hecho

Pero, qué dicen las normas sobre una situación como esta. El abogado penalista Roberto Moreno indica que el artículo 33 del Decreto Ley número 2 de 1999, que regula al SPI, es claro al prohibir el uso de la fuerza letal (armas de fuego) cuando se puede poner en peligro a terceros o rehenes; prohibición que, además, se aplica para la Policía Nacional (según su propia ley).

A criterio del jurista, si bien el SPI fue creado para evitar golpes de Estado y proteger al Presidente, está obligado por ley a cumplir el precepto constitucional de protección a la vida. De hecho, los artículos 3, 7 y 15 del referido decreto obligan a la entidad a intervenir en casos de delitos flagrantes, como lo fue el asalto en el Idaan; pero el artículo 33 le restringe el uso de la fuerza letal.

En otras palabras –indica Moreno- si los agentes del SPI observaron que los delincuentes tomaron un rehén, debieron actuar con precaución y evitar causarle daño.

Según su opinión, en el caso del Idaan no aplican las causales de justificación de legítima defensa o cumplimiento del deber, contempladas en el Código Penal. La única causal que podría aplicarse, dice, es la de obediencia debida si fue un superior quien ordenó que dispararan, en cuyo caso este sería el responsable.

"Si [los agentes] no hubiesen causado la muerte a una persona inocente, pienso que su actuar hubiese estado plenamente justificado y no constituiría delito, entendiendo, según he leído en los medios de comunicación, que los delincuentes dispararon primero. En conclusión, [los agentes] actuaron en el cumplimiento de su deber pero de manera inadecuada, con lo que son penalmente responsables si se comprueba que la bala fue de alguno de ellos. A lo sumo, puede aplicárseles alguna atenuante para la pena", opinó.

En la práctica

Consultado sobre la controversia, el director de la Policía Nacional, Rolando Mirones, prefirió no emitir criterios particulares sobre los hechos ocurridos en el Idaan de Corozal, básicamente porque, según explicó, desconoce los informes de lo sucedido y sería inapropiado hablar sin base.

Sin embargo, aceptó referirse a lo que dicen los manuales de procedimiento de esa entidad, los cuales, advirtió, siempre buscan la preservación de la integridad de las personas y de los funcionarios actuantes.

En todo caso, explicó que sobre el terreno pueden generarse dos tipos de situaciones, una en la que la Policía tiene el tiempo suficiente como para planificar y ejecutar una estrategia, y otra en la que se debe actuar por reacción.

En la primera de ellas, precisó, los funcionarios regulares deben dar paso a los grupos especiales de la institución, que como norma comenzarían negociaciones con los plagiarios para evitar que los rehenes salgan perjudicados. "La regla general indica que no se debe usar la fuerza letal, siempre que no haya una orden superior contraria", indicó.

En el segundo de los escenarios, el de la reacción, apuntó que en la medida en que se ponga en riesgo la vida de terceras personas, la respuesta de los agentes debe ser proporcional, es decir, si les disparan con armas de fuego, deben responder con el mismo poder.

Tras el asalto del Idaan en Corozal, el actual director del SPI, José Gómez, ha preferido no hacer comentarios. Mientras, la Secretaría de Comunicación del Estado informó que ni Gómez ni ningún otro directivo de la institución hablaría del caso, pues este se encontraba ya en manos de las autoridades competentes.

Situación de rehenes, un procedimiento taxativo

Alejandro Garuz, quien estuvo al frente del SPI entre septiembre de 1999 y 2004, aclaró que no tenía información precisa de lo ocurrido en Corozal y que no hablaría del caso en particular, pues, además, conocía personalmente a la víctima y conoce a los funcionarios del SPI.

Pero, en todo caso, dijo que los procedimientos de la institución son taxativos no solo en una situación de rehenes, sino en otros escenarios como un ataque terrorista, un secuestro e incluso un golpe de Estado.

Y al referirse a taxativos, quiso decir, tal como lo dice el concepto, que no aceptan discusión. "Siempre se debe intentar preservar la vida de las personas involucradas", señaló.

Según su opinión, en el caso del Idaan es importante que quede claro si en verdad García Eleta fue tomada como rehén o si quedó entre el fuego cruzado. Incluso, se debedeterminar si los policías sabían que había terceras personas al momento del intercambio de disparos.

Al final, todas las interrogantes deberán ser dilucidadas por las autoridades del Ministerio Público y del Órgano Judicial, que tienen la última palabra en el caso.

Delincuentes tenían rastro de pólvora

La Fiscalía Auxiliar completó ayer las indagatorias de los cinco implicados en el asalto a la agencia del Idaan de Corozal, por el que se les ha formulado el cargo de robo, mas no de homicidio aún.

Fuentes ligadas a estas investigaciones informaron que Vicente Acuña, el único de los implicados que no había sido interrogado porque permanecía hospitalizado tras recibir un disparo en una de las piernas el día del enfrentamiento con los agentes del SPI, confesó ayer haber participado del ilícito.

Acuña fue uno de los dos antisociales que estuvo en el sitio donde murió la empresaria García Eleta y que disparó contra los funcionarios del SPI, según las pesquisas.

Oscar Pinzón, José Arias y Oscar Torres, así como Kenia Castillo, quien al inicio de las pesquisas fue identificada como empleada del Idaan –lo que luego fue desmentido por la agencia–, son los otros sindicados por este caso que salieron positivos en la prueba de pólvora en las manos.