ANTIGUA TRADICIÓN POLÍTICA.

Una mala costumbre

El trasiego de electores es una costumbre que presumo proviene de una antigua tradición política criolla, como parte de nuestra herencia latinoamericana, en donde el compadrismo y el amiguismo son parte de la creencia popular de que el Estado es de quien gobierna. El trasiego de electores de una circunscripción electoral a otra, es parte de nuestra cultura electoral. Es una realidad que existe, está ahí y se repite cada vez que hay elecciones. Requiere de muchos recursos (muchas veces del Estado) y de una notable logística por parte de los candidatos. Trabajar la política lo llaman algunos, y como se sabe hay verdaderos especialistas en la materia.

"La necesidad tiene cara de perro", dice el refrán; y los valores éticos y morales del electorado sucumben ante ésta durante el desarrollo del proceso electoral. Esto es una verdad que no puede soslayarse y cuyas causas superan la conciencia colectiva de un país subdesarrollado (en vías de desarrollo, según algunos optimistas) con tantas carencias económicas sobre todo en los distritos y corregimientos rurales, en donde esta costumbre es mucho más común. Sin embargo, la necesidad no es el único motivo, sino que el propio sistema electoral se ha adaptado a esta realidad, facilitando estas irregularidades. Ejemplo de esta inconsistencia del sistema es la ausencia de formalidades para cambiar de residencia. El sistema electoral vigente no solicita en el momento del trámite ninguna prueba que justifique el cambio de residencia del susodicho, simplemente asume que porque éste está declarando bajo juramento (muchas veces sin saberlo), está diciendo la verdad. Llama la atención que cualquier otro trámite administrativo que se realice ante el Tribunal Electoral requiere de prueba, menos el cambio de residencia.

Uno de los avances logrados por la Comisión de Reformas Electorales fue la restricción de los criterios acerca de la residencia electoral contenida en el artículo 4 del Código Electoral. No obstante, la reciente iniciativa de algunos legisladores de ampliar los criterios acerca de la residencia electoral, bajo el argumento absurdo de que el criterio actual viola el derecho constitucional al libre tránsito, retrotrae meses de deliberaciones a lo interno de la mencionada comisión. Obviamente una cosa no tiene nada que ver con la otra. Sin embargo, mientras el sistema siga tomado de iure por los partidos políticos, la costumbre de llevar votantes de un lugar a otro, continuará tan viva como los carnavales.

Como efecto directo del criterio amplio de residencia electoral que existía durante el pasado proceso electoral, la Fiscalía Electoral investigó miles de cambios de residencia. Un trabajo que genera grandes costos en tiempo y recursos para el Estado. Hay que celebrar decenas de audiencias administrativas, abrir miles de expedientes penales electorales, luego recorrer todo el país realizando investigaciones, para finalmente realizar miles de audiencias penales electorales. En la gran mayoría de los casos los acusados de cambio de residencia doloso son personas muy humildes que pagan un alto precio por su ingenuidad. Muchas veces ni siquiera son conscientes de lo que hacen. En contraste, raramente los candidatos son procesados por la justicia penal electoral por las dificultades que conlleva probar el delito de instigación.

Restringir el concepto de residencia electoral, y proponer elementos de prueba para el trámite de cambio de residencia son dos medidas necesarias, cuya debida implementación desincentivaría esa malsana costumbre que es el trasiego de electores, que además de producir un alto costo para el Estado, más importante aún, atenta directamente contra uno de los pilares de la democracia: la representatividad. Hay algunas costumbres que es mejor superarlas, aun cuando algunos trabajadores de la política posiblemente se queden si trabajo.