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ecastillo@prensa.com Las quiebras bancarias o empresariales de gran magnitud en Panamá no son comunes. A excepción de Banaico, Banco Disa, Adelag o Fotokina, que causaron pérdidas por cerca de 400 millones de dólares, la mayoría de las quiebras grandes no tienen mayores repercusiones en el sistema. Pero la semana pasada el diputado, ahora perredista, José Luis Fábrega, presentó ante la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que contempla medidas de protección a los depositantes bancarios, mediante la creación de un fondo de contingencia. Este fondo se constituiría con el 1% de las ganancias anuales brutas de los bancos con licencia general que capten depósitos locales. La Asociación Bancaria de Panamá (ABP), que trabaja con otros gremios en una propuesta para la creación de un régimen especial para la reestructuración y liquidación de empresas, no fue consultada durante la redacción del documento que reformaría la Ley 9 de 1998. Tampoco se tomó en cuenta a la Superintendencia de Bancos. "No comprendemos cómo un diputado se lanza a presentar un proyecto sobre una materia tan complicada, técnica y especializada sin consultar con ninguna de las partes. Me parece recordar que esta no es la primera vez que él intenta presentar este tipo de iniciativa", dijo el vicepresidente ejecutivo de la ABP, Mario De Diego. Otras fuentes del sector consideran que la mejor garantía de depósitos es una buena administración bancaria y una férrea supervisión por parte de las autoridades regulatorias y que ambas situaciones operan plenamente en Panamá. Las quiebras bancarias, recuerda, suceden en todos los centros financieros del mundo y Panamá no ha estado exenta, sin embargo, las mismas "han sido relativamente aisladas, no han contagiado al resto del sistema (como ha sucedido en centros bancarios más maduros que el nuestro) y algunas han sido resultado de causas externas a nuestro sistema financiero", señaló. Un seguro de depósito, dijo una fuente que se desempeñó como regulador, estimula lo que se ha dado a conocer como "riesgo moral" (moral risk, en inglés), que en este caso se puede definir como el incentivo para tomar mayores riesgos que los prudentes, por los administradores bancarios (que no son los dueños), para aumentar ganancias, por las cuales son compensados, a sabiendas que los depósitos están cubiertos por un seguro. "Como es natural, esta situación toma mayor riesgo, a la postre, contribuye al deterioro de una sana administración prudencial", precisó. Los banqueros coinciden que en esencia lo que propone el diputado Fábrega se convertiría en una carga más al usuario de servicios bancarios, una especie de impuesto disfrazado porque a la larga es el usuario quien correrá con el costo financiero que incurran los bancos al dedicar recursos para la creación del fondo. Además en Economía y Negocios
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© 2007. Corporación La Prensa. Derechos reservados. |
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