INMUEBLE 7-56, en el corazón de SAN FELIPE.

Edificio desplomado, condenado desde 1991

Sinaproc alertó a la ministra Herrera sobre el riesgo de derrumbe del bien, condenado hace 16 años.

LA PRENSA

ORDEN. El 19 de agosto de 1991, el Mivi condenó y declaró inhabitable el inmuble 7-56. El pasado viernes se derrumbó. 929892

Cuatro administraciones gubernamentales –incluida la actual– desconocieron la orden de desalojo que el Ministerio de Vivienda (Mivi) hizo en 1991, del inmueble 7-56, ubicado en calle Cuarta, corregimiento de San Felipe, que el viernes pasado se derrumbó parcialmente.

Hace 16 años, en agosto de 1991, la Dirección General de Arrendamientos del Mivi emitió una resolución en la que condenaba y declaraba inhabitable esa propiedad.

La decisión del Mivi se respaldaba en un informe que la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos de la época había hecho sobre esa propiedad, en el que pedía la "condena inmediata" del inmueble, dadas sus condiciones físicas.

Cinco meses más tarde, el 15 de enero de 1992, el Municipio de Panamá, a través de la corregiduría de San Felipe, emitió una boleta de lanzamiento e instruyó a la Policía Nacional a que notificara a los ocupantes de la casa 7-56 de la resolución del Mivi que ordenaba su inmediato desalojo.

Quince años después, en agosto de 2006, el corregidor de San Felipe certificó que, en ese despacho, estaba pendiente de ejecución un proceso de "lanzamiento por intruso" de inquilinos del inmueble No. 7-56.

Un mes antes de que esa propiedad se desplomara, Walter Mc Gowen, de la empresa Historical Proyect, encargada de la restauración del inmueble colindante con la 7-56, alertaba en una carta –fechada 21 de septiembre de 2007– que había advertido "en vano" a los inquilinos de ese inmueble del peligro que corrían sus vidas".

Ocho días después, el Sinaproc advirtió al Mivi del "riesgo" de derrumbe de esa propiedad. La advertencia está en una nota que, el 29 de septiembre pasado, dirigió Roberto Velásquez Abood, director de Sinaproc, a la ministra de Vivienda, Balbina Herrera. En su comunicación, Velásquez adjuntó el informe sobre la "evaluación de riesgo" que tres días antes había realizado su personal al 7-56.

La documentación también fue remitida a Linette Montenegro, directora de Patrimonio Histórico, y a Mario Kennedy, representante de San Felipe.

"Nuestras recomendaciones van dirigidas a reducir el riesgo, ante posibles ocurrencias de algún evento adverso que podría ocasionar daños a bienes materiales, y en el peor de los casos la pérdida de vidas humanas", alertó Velásquez.

El informe de Sinaproc no da margen a dudas: A fin de establecer el grado de peligrosidad que presenta el inmueble, se determinó, entre otros puntos, que hay riesgo de colapso parcial del inmueble en cualquier momento, y debido a la demolición del inmueble adjunto, la estructura del edificio 7-56 puede caer.

Al respecto, la viceministra de Vivienda, Doris Zapata, respondió que hay limitaciones cuando se trata de inmuebles privados, porque los "propietarios también tienen que tener su responsabilidad". La ley, dijo, establece que en caso de que haya arrendatarios, tienen que ser indemnizados para para poder desalojar.

Pero el inmueble estaba condenado y, según la ley, nadie paga alquiler en estos casos.