URGE SOLUCIÓN.

Crisis en el transporte público

En 1984, en el gobierno de Nicolás Ardito Barletta, con la colaboración del Gobierno de Japón, realizó un estudio para reorganizar el transporte público metropolitano. Se le llamó proyecto Estampa, con una inversión de 20 millones de balboas. Se hizo toda una promoción publicitaria a nivel de gobierno y de la comunidad y desde entonces hace 22 años estamos dándole vuelta a este problema que ya ha hecho crisis.

La confrontación política que se generó después, que concluyó con la invasión de Estados Unidos, impidió su ejecución. Han pasado 4 gobiernos de la "democracia" y el transporte público metropolitano sigue de mal en peor, sin que ninguno de estos gobiernos se haya dignado en tomar decisiones a profundidad. El gobierno actual que en su programa de campaña prometió enfrentarlo, en un acto que nadie ha entendido, tiró la toalla y declaró urbi et orbe, que su mejor proyecto de buses articulados quedaba cerrado.

Ya en la publicidad oficial se había vendido la idea de que los buses articulados serían la solución del transporte metropolitano y fue uno de los más publicitados. En la televisión ubicaron dibujos animados de buses articulados que semejaban lo que en el futuro sería la circulación vehicular de la ciudad capital y de la noche a la mañana, bajo el argumento de la infraestructura que tenía que construirse, se clausuró y entiendo que lo cambiaron por la cinta costera de la Avenida Balboa. Adicionalmente la Asamblea se embarcó en un proyecto de ley para el ordenamiento del transporte que, en el fondo es más de lo mismo: los transportistas mantienen sus privilegios y los usuarios seguirán recibiendo un servicio malo. Por eso el Gobierno, afortunadamente, lo vetó parcialmente.

En mi opinión, el Gobierno ha fallado en establecer una estrategia para enfrentar la crisis del transporte público, y a quienes le dieron la responsabilidad para abordar el tema, lo vieron como un negocio y no como la prestación de un servicio público en crisis, cuya responsabilidad primaria la tiene el Gobierno.

No hay excusas para no enfrentar el problema, sobre todo teniendo a mano la asesoría internacional y la experiencia de otros países que lo han resuelto con éxito.

Para mí, sin ser un experto en la materia, pero con la experiencia de haber vivido fuera del país y utilizar la transportación pública de otras latitudes, hace tiempo llegué a la conclusión de que en el caso nuestro, por sus características y el volumen de personas que entran y salen diariamente del área metropolitana y particularmente por el crecimiento geométrico del casco urbano del centro metropolitano, la solución del problema no es meter más buses o buses articulados que definitivamente congestionarán más la ya trancada y contaminada ciudad capital.

Casi un millón de personas entran y salen diariamente a la capital. Hay ciudades dormitorio que bordan el centro metropolitano al oeste (Coronado, Capira, Bejuco, La Chorrera y Arraiján), al este (Chepo y 24 de Diciembre ) y al noreste (San Miguelito, Las Cumbres, Alcalde Díaz y Colón.), fenómeno que se ha ido acumulando históricamente por la migración continua del campo a la ciudad que ofrece mejores perspectivas y calidad de vida y por la falta de políticas de poblamiento que permitan desarrollar otros centros urbanos fuera de la capital. Los buses y buses articulados no tienen la capacidad de transportar masivamente a la población que diariamente se moviliza hacia el centro y lo que se haría es agravar los tranques y la contaminación del entorno.

Viendo las cosas en perspectiva, la solución sería la utilización de un tren, monorriel o un metro, con capacidad de transportar con toda comodidad y rapidez grandes contingentes de personas. Cualesquiera solución de estas, por el monto de su inversión, por su característica de macroproyecto y la autoridad que se necesita para superar los intereses económicos en juego, requiere definitivamente que el Gobierno asuma la responsabilidad de la ejecución, para que ponga orden y autoridad, bajo el entendimiento de que esta obra es de interés público y social.

Sin pasar por alto el debate que debe generarse con la población y para que todo el que tenga una opinión se le escuche, ya sea por sus conocimientos o experiencias, el Gobierno debe hacer la elección más acertada en base a los mejores intereses del país y, si es necesario, hacerlo por etapas, y que no se convierta en un trofeo electoral.

Está claro que si el Gobierno deja el problema en el marco de la Autoridad del Tránsito, de los transportistas y usuarios, por esa vía no habrá salida, como en efecto ha quedado demostrado con el proyecto que acaba de salir de la Asamblea. Pienso que hay que darle la vuelta al problema y se debe proponer una comisión de alto nivel donde estén representados la empresa privada, los usuarios, los trabajadores, los empleados públicos, los gremios como la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos, la Capac y el Gobierno, que en un plazo de tres meses entreguen al país una propuesta para el ordenamiento del transporte público metropolitano y con esta propuesta en manos este gobierno inicie su ejecución.

El problema del transporte es serio, señores, y se puede convertir en una explosión social.