El peso de un seudónimo
El periódico es una herramienta y depende de la forma en que la usemos que sea útil; cuando los colaboradores abusan de la confianza que se deposita en ellos, todos pierden, el medio y sus lectores.
Yasmina Reyes
yreyes@prensa.com
No hay que ensuciar el pozo del que se bebe. Los medios de comunicación, en especial las secciones de opinión, son una herramienta clave para el ejercicio de derechos fundamentales del hombre, como el derecho a la libre expresión del pensamiento. ¿De qué vale una idea que no puede ser comunicada, compartida, realizada? A mi escritorio llegaron varias quejas originadas por una serie de "afirmaciones injuriosas" o "mentiras abiertas" expresadas en un artículo de opinión publicado en la edición del viernes 12 de octubre de 2007, titulado "OLA DE VIOLENCIA.Todos somos posibles víctimas", que estaba firmado por Gloria Cañasa.
Una de las cartas, enviada por la Sra. Blanca Gratacós, dice: "Acabo de leer en la sección de Opinión un artículo Ola de violencia [Ola de violencia era el colgado, el título real era "Todos somos posibles víctimas"].
Como esposa de un miembro del Club de Tiro siento profunda preocupación de que se quiera generalizar o insinuar que son los asociados de este club deportivo los que se dedican a armar y proveer de municiones a los delincuentes. En este lugar al socio más antiguo, que conocen por su nombre y hasta el de sus nietos, no se le vende una munición si no presenta su permiso de armas, municiones que en su mayoría son utilizadas en las propias canchas del Club para practicar el deporte del tiro, o como preparación para competencias que se realizan periódicamente.
La "ola de violencia" que vive el país no se propicia con la venta de armas en los comercios que se dedican a este negocio, ni los miembros de un club que tiene mas de 80 años de fundado y a los cuales no se les puede señalar y juzgar mal y desinformar a la población con comentarios que más que insinuar aseguran que son todos personas deshonestas y traficantes de armas.
(...) Para que un arma sea vendida (y entregada) a un civil este debe esperar aproximadamente 120 días para que se le sea otorgado su permiso.
Todos estamos de acuerdo en que estamos viviendo tiempos de violencia que antes no teníamos. Pero eso no es culpa del club, si así fuera, debíamos estarlo viviendo desde que fue fundado, hace muchos años.
No acusemos a quien nada tiene que ver con esto, es mejor investigar antes que acusar sin tener pleno conocimiento de los hechos… No podemos manchar la imagen de más de 300 personas asociadas a un club deportivo porque dos estuvieron involucradas en allanamientos.... o ¿acaso podemos decir que todos los futbolistas son drogadictos porque uno no pasó la prueba de ‘doping’?Me sorprende que La Prensa indique que esta es una ciudadana panameña cuando no existe nadie que se llame Gloria Cañasa.
Hay que ser responsables al publicar opiniones tan fuertes y hasta injuriosas sin saber siquiera quién las escribe, es mejor escribir "anónimo" que publicar opiniones de una persona irresponsable que ni siquiera da su nombre."
Frente al llamado de atención de la Sra. Gratacós y de los propios directivos de la Asociación panameña de propietarios de armas, comencé a investigar cómo llegó esa colaboración a las páginas de La Prensa a pesar de que siendo un artículo de opinión no es de la competencia de la Defensora del lector porque cuando se trata de una opinión se puede o no estar de acuerdo. Sin embargo, el asunto aquí no es el de si quien opina tiene razón o no. La mentira tiene patas cortas, y los hechos reales se abren paso entre las mentiras y las deja al descubierto, es solo cuestión de tiempo.
No me toca a mí, como defensora del Lector, entrar en ese análisis. Lo que sí me compete es que en ese artículo se hacen afirmaciones que solo se fundamentan en la palabra de la autora. Y aquí surge el problema. Aún cuando la firmante se identifica como una ciudadana panameña, el nombre de Gloria Cañasa no aparece en el registro del Tribunal Electoral, es decir, no existe nadie con ese nombre. Y si no existe, no hay una persona que respalde o se responsabilice por las aseveraciones publicadas.
Cuando los agraviados emplazaron a la editora de la sección de Opinión, esta llamó a la autora al teléfono que proveyó al enviar su artículo y le explicó que yo deseaba hablar con ella para aclarar unos puntos oscuros, y (de paso) verificar su existencia. Desde el lunes he llamado a ese número, que corresponde a un celular, sin poder hablar con persona alguna. Nadie contesta, de hecho parece estar apagado porque sale de inmediato la señal de que entrará la grabadora. He llamado ocho veces; desde el lunes dos veces diarias, una en la mañana y otra en la tarde, y he dejado cuatro mensajes. No he recibido respuesta. Mi conclusión es que la colaboradora usó un seudónimo sin advertírselo a la editora, para evitar que ella se negara a publicar porque ello contraviene las normas del medio.
Manual de Redacción, artículo 1.51. "Los artículos de opinión (...) estarán firmados con el nombre completo del autor. No se aceptan seudónimos ni anónimos. "
Se abusó de la buena fe de la editora y —en buen panameño— "le metieron un gol" a La Prensa y a sus lectores.
Alguien está ensuciando el aguadel pozo del que bebemos todos. La Prensa sirve a una comunidad, es una herramienta y depende de la forma en que la usemos que sea realmente efectiva o útil para servirle. Cuando un colaborador recurre al "juega vivo" para esquivar los controles y así eludir responder por sus actos con la responsabilidad que ejercer un derecho implica, daña a todos.
Derecho a la privacía
17 DE OCTUBRE. Hago referencia a la nota publicada por Santiago Fascetto en la columna "Tal Cual".Siempre hemos defendido la libertad de prensa y de expresión pública, sin embargo, me preocupó leer la nota que hace referencia a mi hijo de 12 años y que cuestiona el que me haya acompañado en el reciente viaje a Alemania, dejando leer entre líneas una supuesta ausencia injustificada a clases.
La nota periodística incluso hace mención del colegio al que asiste mi hijo. Mi hijo tiene 12 años, y como todo menor de edad panameño está protegido por el Código de la Familia, el cual establece en su artículo 498, numeral 13: "Todo menor tiene derecho a: (...) 13. Ser protegido contra injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio, su honra o su reputación."Igualmente, la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Panamá mediante Ley 15 de 6 de noviembre de 1990 (artículo 16) establece: "Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y reputación."
Por ello, como su acudiente y protectora directa, me acojo al Código de la Familia y a la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, para defender el legítimo derecho al respeto a la vida privada de mi hijo, y considero inaceptable que un medio de comunicación se inmiscuya en los asuntos personales de cualquier niño o niña, así sea hijo o hija de un mandatario.Ahora bien, entiendo que el periodista Fascetto no es panameño, y tal vez por ello podría desconocer nuestras leyes, sin embargo la Convención es mundial.
Sugiero a La Prensa informarle a ese redactor que sí existen leyes en nuestro país respecto a la niñez, y que en este caso particular, el ser hijo de una figura pública, en este caso del Presidente del país, no deja a mi hijo desprovisto de protección legal ni lo convierte en un blanco para ataques de fundamento político.Señor director, en ocasiones cuando a un medio se le acaban las críticas hacia una figura, en su desesperación por llamar la atención enfilan contra los hijos, penosos tumbos que solo sirven para empañar la propia imagen del medio.
Vivian Fernández de Torrijos.
Nota de la defensora. Frente al reclamo de la Sra. Fernández de Torrijos, el reportero apuntó que su glosa no fue la primera mención de la participación del hijo del Presidente Torrijos en la gira. De hecho, el propio Presidente y su esposa con su hijo posaron para la prensa. Incluso, Torrijos dio declaraciones sobre las inquietudes deportivas de su hijo.
Entiendo la reacción de la Sra. Fernández de Torrijos, pero creo que ellos abrieron la puerta y lo expusieron a la mirada pública. Sin embargo, sí me parece que hubo exceso al indicar el nombre del colegio porque podría complicar la medidas necesarias para protegerlo.
Rubén Blades responde y aclara
10 DE OCTUBRE.Me siento obligado a responder el artículo firmado por el promotor inmobiliario estadounidense Sam Taliaferro, publicado en la edición del diario La Prensa del 5 de octubre del presente año, en el que expresa sus opiniones interesadas.Taliaferro no se ajusta a la verdad, al aseverar en su artículo que al inicio de mi gestión al frente del Ipat [Instituto Panameño de Turismo], contraté a un consultor español para un estudio sobre turismo, así como tergiversa la información al decir que se intenta cambiar la Ley 8, de incentivos al turismo. Tampoco es cierto, como dice, que yo quiero detener la industria del mal llamado "turismo residencial". Reto a Taliaferro a que pruebe estas aseveraciones, públicamente.Taliaferro es un atrevido, al decir que yo tengo ideas retorcidas.
Más retorcida parece su mente, y sus intenciones, cuando derrama su diatriba personal diciendo: "nuestro ministro no descansará hasta colocar el último clavo en el ataúd del verdadero turismo". Es claro que intenta manipular la opinión pública utilizando argumentosfalsos y pedestres, con el propósito de hacernos creer que el negocio de desarrollos inmobiliarios es parte de la industria turística.¿De dónde surge la angustia de Taliaferro? Sus ataques personales se iniciaron cuando dije que el turista promedio no pasa más de 30 días en Panamá, o que existe diferencia entre el turismo y las inmobiliarias.Si Taliaferro tiene otros argumentos, que los presente y nos convenza a todos, pero con cifras. Por lo menos, debería explicar por qué quiere que sus clientes se queden viviendo en Panamá, como turistas.
En infinitas ocasiones he manifestado que no me opongo a los desarrollos inmobiliarios para segunda vivienda, que pueden ser complementarios al turismo. Lo que no puedo aceptar es que se inscriban como actividad turística, para utilizar incentivos fiscales que no les corresponden. Tampoco creo que sea conveniente que esos desarrollos ocupen las áreas de mayor vocación turística, privando al país de la oportunidad de incrementar el turismo, que a largo plazo es más productivo para el país, pues su derrama económica alcanza a más gente y sus beneficios se extienden en el tiempo.El verdadero turista, señor Taliaferro, es el que viene y se va, dejando el cupo abierto para que otro entre y beneficie nuevamente la economía. Más de un millón de turistas llega a Panamá cada año, y estamos seguros de que una ínfima parte de esos turistas tiene casas en Panamá.
El turismo es una actividad que no tiene límites, porque no agota la fuente de ingresos; el desarrollo inmobiliario, lo que se conoce como boom, es una burbuja que en algún momento explosiona y se acaba. Prueba de ello es el grave problema que sufre hoy la economía norteamericana, por la caída de la industria inmobiliaria estadounidense.Señor Taliaferro: no es usted, ni sus negocios ni sus intereses personales los que van a determinar las leyes panameñas, las estrategias nacionales de turismo, o la planificación económica de nuestro país. En Panamá respetamos los derechos ajenos y recibimos con afecto a los visitantes, así como también a los que deciden venir a compartir su vida con nosotros. Si usted cree que Costa Rica es mejor que Panamá, ¿por qué no se quedó allá?Respete al país que le ha dado casa y fortuna, señor Taliaferro.
Rubén Blades
Gerente general del Ipat
Error en la fuente
17 DE OCTUBRE. La noticia aparecida en La Prensa del día 16 de octubre de 2007, en la página 4A, escrita por José Quintero De León —lamento decirle— está llena de desinformación. Supongo que es por falta de conocimiento del tema por parte de los entrevistados. "Severo Sousa, presidente del Conep, estimó que el tema del derecho a huelga en el Canal de Panamá no es problema, ya que sindicalistas del sector le han asegurado que ese derecho existe". Esta aseveración del Sr. Sousa es totalmente falsa, y nos preocupa que un representante sindical del Canal no conozca la legislación, y de aplicar el derecho que supuestamente tiene este representante, será despedido.
El Artículo 92 de la Ley Orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá, lee así: "Para asegurar que no se afecte el servicio internacional para el cual fue creado el Canal, su funcionamiento no podrá interrumpirse ni total ni parcialmente, ni desmejorarse por causa alguna. Se prohíbe la huelga, el trabajo a desgano y cualquier otra suspensión injustificada de labores. De ocurrir algunos de estos hechos, la administración de la autoridad procederá a adoptar las medidas para restablecer de inmediato el servicio y aplicará las sanciones establecidas en la Ley y los reglamentos, incluyendo el despido".Queda claro que por ley el trabajador canalero no tiene derecho a huelga.En el Artículo 69 de la Constitución Política de la República de Panamá se lee así: "Se reconoce el derecho a huelga. La ley reglamentará su ejercicio y podrá someterlo a restricciones en los servicios públicos que ella determine". Que claro que por Constitución todos los trabajadores de la República tenemos el derecho a huelga.El Artículo 92 de la Ley Orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá está demandado en la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá por inconstitucional.Nuestro compañero Marcos Allen, del colegiado de Conato, asegura lo siguiente: "Panamá adoptó por Constitución no permitir huelgas en el Canal".
Nos preocupa el amplio desconocimiento del tema por parte de nuestro compañero Allen.Quiero dejar claro que esto no proviene únicamente del sector sindical estadounidense, sino también de un grupo de sindicatos que nos vemos afectados por leyes panameñas, como la Ley 8 de 1998, que viola múltiples derechos de la gente de mar que labora en barcos abanderados en la República de Panamá. Gracias a Dios, el lobby hecho por nuestros sindicatos con los congresistas del gobierno de Estados Unidos ha sido efectivo, ya que había muchas cosas que estos desconocían y que, actualmente, afectan a ciudadanos estadounidenses.
Luis Yau Chaw
Vicepresidente área de Gamboa
Asoc. Benéfica de Ingenieros Marinos
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