INCENDIO DEL BUS 8B-06.SOBREVIVIENTES PIDEN 20 MILLONES DE DÓLARES.

Demanda contra el Estado

Lidia Atencio y Luis Contreras acudieron con sus abogados ante la Sala Tercera de la Corte.

La acción es por la responsabilidad directa de la ATTT en el otorgamiento de los permisos de circulación.

LA PRENSA/Víctor Arosemena

SINIESTRO. La demanda se interpone tras casi un año de la tragedia en la vía Martín Sosa, donde murieron carbonizadas 18 personas.926919

Una demanda contra el Estado panameño por 20 millones de dólares interpusieron ayer ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia los ciudadanos Lidia Atencio y Luis Contreras, sobrevivientes del incendio del bus 8B-06, ocurrido en la vía Martín Sosa el 23 de octubre de 2006 y durante el cual murieron carbonizadas 18 personas.

Los abogados defensores de Atencio y Contreras explicaron que se demanda al Estado por la responsabilidad directa de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) en el otorgamiento de los permisos de circulación del bus 8B-06 y de otros cuatro similares importados al país con financiamiento del Banco Nacional de Panamá.

De acuerdo con los abogados, las autoridades de la ATTT infringieron "por violación directa por omisión" el Artículo 2, ordinales 8, 10, 13, y 20 de la Ley 34 del 28 de julio de 1999, que entre otros aspectos obliga a dicha entidad gubernamental a "regular todo lo relacionado con el transporte terrestre público de pasajeros, de carga y particular".

Por ello, en la acción contencioso administrativa –que expone como hecho cierto que en la tragedia del bus 8B-06 quedó evidenciada una "prestación anormal del servicio de transporte terrestre público de pasajeros– se pide resarcir los daños sicológicos, físicos y morales sufridos por Atencio y Contreras, a razón de 10 millones de dólares para cada uno.

En la demanda se precisa que la ATTT autorizó la operación del bus 8B-06 en la ruta Mano de Piedra-Corredor Norte, según Resolución 1410 del 3 de agosto de 1990.

Atencio dijo que con dicha acción se busca revertir de alguna manera los perjuicios que les ha ocasionado la tragedia, que en su caso se han materializado no solo desde el punto de vista emocional, sino desde una perspectiva laboral y financiera.

En otras palabras, admitió que ahora, con la pensión que recibe tras quedar incapacitada para trabajar –60% de su salario como enfermera–, no le alcanza para pagar las cuentas y ha comenzado a atrasarse en sus responsabilidades con el banco. Además, no tiene cómo comprar todos los medicamentos ni cómo costear los tratamientos que debe seguir a causa de las lesiones.

Recordó que en junio pasado el presidente de la República, Martín Torrijos, se reunió con ella y con Luis Contreras, y les aseguró que haría todo lo que estuviera a su alcance para ayudarlos, pero hasta ahora nada les ha dado.

Por su lado, Contreras se limitó a pedir justicia. "Nosotros nos montamos en ese bus completamente sanos y no es justo que ahora se nos trate de esta forma", señaló.

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