| ACTOS A FAVOR Y EN CONTRA.
Dixon confía en llegar a la Corte Penal Internacional
| LA PRENSA |
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| Familiares de las víctimas protestaron en la Corte. 924925 |
José Otero
Rafael Pérez G.
panorama@prensa.com
La magistrada presidenta de la Corte Suprema, Graciela Dixon, dijo ayer que durante los 10 años en que ha formado parte de este órgano del Estado, algunos de sus fallos han podido ser cuestionados o impopulares, pero agregó que todas estas decisiones se tomaron apegadas a la ley.
El pronunciamiento de Dixon se dio ayer en un acto de apoyo a su candidatura oficial para integrar la Corte Penal Internacional, que en diciembre de este año elige a tres nuevos magistrados, período que coincide con su culminación como integrante de la Corte Suprema en Panamá.
Dixon dijo que tiene plena confianza en llegar a ocupar un puesto en este organismo internacional, fundado en 2003 y que tiene entre sus objetivos atender casos penales sobre lesa humanidad y destrucción del medio ambiente, entre otros.
Además, indicó que durante toda su trayectoria profesional en Panamá se ha identificado con las luchas y reivindicaciones sociales y populares, y que ahora desea continuar esta posición a nivel internacional.
La magistrada saliente de la Corte recibió el apoyo del Frente de Abogados Independientes, Movimiento de abogados Gremialistas, organizaciones no gubernamentales como Paz y Justicia, Justicia Social, Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá y empresarios de Colón.
39 AÑOS DEL GOLPE DEL 68
Horas antes de este pronunciamiento, en medio de una protesta pacífica, familiares de las víctimas de la dictadura militar recordaron el golpe de Estado del 11 de octubre de 1968 en la escalinata de la Corte, en donde repudiaron los fallos de prescripción de los crímenes perpetrados durante esos 21 años.
Pese a ser conocidas las circunstancias que impidieron se hiciera justicia durante años, y contrario al principio universalmente reconocido de que los delitos de lesa humanidad no prescriben, el Estado, dijeron –especialmente a través de funcionarios vinculados al brazo político de los militares golpistas que han indultado a los inculpados antes de ser presentados a los tribunales–, ha venido declarando la prescripción de estos delitos violatorios de derechos humanos.
En medio de ese panorama, añadieron, resulta "funesto" que la propia Corte –en la persona de las magistradas Graciela Dixon y Esmeralda de Troitiño– haya declarado seis casos de prescripción en torno a esta naturaleza de delitos.
"Es por esto que consideramos un contrasentido y una verdadera infamia que el presidente, Martín Torrijos, haya tenido la osadía de postular a Dixon para ocupar un cargo en la Corte Penal", constituida para juzgar crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos, concluyeron.
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