CAMBIOS DE RESIDENCIA.

¿Flexibilización o fraude legalizado?

He estado siguiendo de cerca las publicaciones que ha realizado en las últimas semanas, casi a diario, La Prensa en torno al tema de la propuesta de "flexibilización" de los cambios de residencia realizada por diputados, a los cuales cabría una serie de calificativos nada envidiables. Hasta donde entiendo, la restricción impuesta por la última reforma al Código Electoral fue acordada en un consejo integrado por los magistrados del Tribunal Electoral, la sociedad civil y los partidos políticos, incluyendo al de los diputados propulsores de la nefasta moción.

La restricción de ley afecta a todos los panameños, candidatos y electores, pero en mi opinión, y al parecer en la opinión de los integrantes del consejo que acordó la restricción, lo hace de manera positiva y paso a explicar por qué.

Personalmente, creo que la restricción es buena y debe mantenerse porque garantiza a los electores un voto efectivo y eficaz al no permitir que el trasiego de electores en circuitos pequeños altere los resultados de las elecciones como ciertamente ha ocurrido en el pasado en más ocasiones de las que nos gusta reconocer.

No menos importante es el aspecto que la restricción promueve que los candidatos emanen del seno de las comunidades por las cuales se postulan y no que lleguen importados porque tienen una casa de recreo o un pariente en el circuito, lo cual, lamentablemente, es más común de lo que el país necesita. Necesitamos legisladores nacionales y esto solamente se logrará cuando se promuevan, impulsen y elijan mediante el voto a aquellas personas que dentro de las comunidades son reconocidas como gente de comprada probidad y honradez.

Al revisar los motivos de la propuesta, es cuando el asunto se torna escandaloso. Esgrimir como argumento que la restricción es inconstitucional porque se viola el derecho de libre tránsito, equivale a decir que el Censo de Población y Vivienda es inconstitucional porque se obliga a la población a mantenerse en su hogar hasta ser empadronados, o a promover la demolición de todas las garitas de seguridad que existen actualmente a lo largo y ancho de la república. O bien, saquemos de la ciudad a todas las empresas que con sus camiones de reparto entorpecen y en ocasiones obstruyen las calles de la urbe capitalina.

Falta de sustento también resulta la tesis de que la restricción violenta la libre escogencia del domicilio. El panameño o la panameña que opta por un trabajo o un estudio superior, habiendo cumplido la mayoría de edad, toma su decisión de manera voluntaria y consciente y por tanto esta decisión es totalmente válida. Dicho de otro modo, si puedo escoger dónde quiero trabajar o estudiar, consecuentemente estoy eligiendo dónde quiero vivir. Existen excepciones, por supuesto, como es el caso de mi abuela, que nació y tiene su casa en San Carlos, pero pasa largas temporadas en la capital para disfrutar de sus nietos y bisnietos. A pesar de esto, cuando llegan las elecciones, ejerce su voto en la escuela Manuel B. Higuero de San Carlos.

Creo que todos los panameños, con contadas y más que obvias excepciones, nos beneficiamos con creces de la restricción consensuada en su momento, por la sociedad civil, los partidos políticos y el Tribunal Electoral. El permitir una reforma en contrario sería dar un paso atrás en la consolidación de la democracia a la que aspiramos la mayoría de los panameños.

Finalmente, pienso que el sistema de escogencia de los diputados, al igual que el de escogencia de otras autoridades, evidencia síntomas de obsolescencia como cualquier maquinaria vieja y debe considerarse seriamente el realizar una reforma integral del sistema de elecciones. Los panameños merecemos la oportunidad de poder escoger diputados y diputadas con solvencia moral que hayan demostrado su interés en legislar por la totalidad de los panameños y no los que nos impongan los partidos políticos a conveniencia cada cuatro años.

Debemos decir basta ya de intereses partidistas en detrimento de los nacionales, basta ya de propuestas de fraudes disfrazados de legalidad en detrimento de la democracia, basta ya de impunidad en detrimento de la justicia y basta ya del juega vivo en detrimento de la sociedad panameña. Debemos y podemos decir ¡basta ya!