Metas del milenio: alimentación

La seguridad alimentaria: entre normas y estadísticas

Panamá ha ratificado convenios internacionales sobre el derecho a la alimentación.

LA PRENSA/Víctor Arosemena

La inseguridad alimentaria no es exclusiva de áreas indígenas. En sectores del distrito de San Miguelito también hay prueba de ello. 923409

Cuando se habla de inseguridad alimentaria, las áreas indígenas comparten el mismo lugar con zonas urbanas del país.

Regiones en las provincias de Panamá, Herrera, Chiriquí y Colón son calificadas con baja seguridad alimentaria por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) en su informe de noviembre de 2006. En ese mismo rango se encuentran las comarcas Ngöbe Buglé, Emberá-Wounaan y Kuna Yala.

El término seguridad alimentaria es definido por FAO como "la disponibilidad y accesibilidad de alimentos". La dividen en tres rangos: baja seguridad, mediana seguridad y alta seguridad.

En el primer grado se encuentran 29 distritos de los 75 que hay en todo el país, incluyendo las regiones comarcales, que en total suman 506 mil 607 personas. La cifra está basada en la estimación de la población del país del año 2006 que es de 3 millones 283 mil 959 ciudadanos.

Paradójicamente la inseguridad alimentaria es mayor en la población no indígena. De las 506 mil 607 personas en esta situación, 324 mil 501 viven en los distritos provinciales.

Esto, en un país que por Constitución y convenios internacionales se ha obligado al derecho a la alimentación de sus ciudadanos. El numeral uno del Artículo 110 de la Constitución es claro: "Desarrollar una política nacional de alimentación y nutrición que asegure un óptimo estado nutricional para toda la población...".

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, ratificado por Panamá en marzo de 1977, reconoce como uno de los derechos humanos "estar protegido contra el hambre".

En 1988, la Organización de Estados Americanos firmó el Protocolo de San Salvador que se refiere al derecho de la alimentación adecuada como garantía de que las personas alcancen el pleno desarrollo físico e intelectual. Panamá lo ratificó en 1992.

Pero lejos del espíritu de estas normas, están las cifras reales. De acuerdo con la FAO, hay panameños que no llegan a suplir los requerimientos mínimos de alimentos, calculados para nuestro país en 2 mil 305 calorías diarias. Aunque la FAO reconoce el esfuerzo que ha hecho el país en los últimos años para mejorar las estadísticas.