INVESTIGACIÓN. PROCURADOR DE LA ADMINISTRACIÓN PIDE RECUPERAR PARA EL ESTADO MILLONARIOS TERRENOS.

San Felipe: entre lo público y lo privado

El director de Catastro, Mariano Quintero, dijo que estudiará la situación de las fincas sobre el mar.

En el centro de la pelea se encuentra uno de los edificios más representativos de la zona: el ex Club Unión.

LA PRENSA/Víctor Arosemena

PLAYA. La propiedad donde funcionaba el ex Club Unión se encuentra fuera de los primeros límites originales de San Felipe. 923300

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La ley prohíbe que los cambios aumenten la altura y el tamaño del edificio, pero pretenden construir cuatro pisos.

Una atmósfera indescifrable rodea las ruinas de la construcción blanca. Como si una muda ligazón al pasado de Panamá lo mantuviera en pie, a pesar del abandono. Pero el edificio del ex Club Unión en el Casco Viejo no solo refleja la imagen de otro tiempo, sino que además representa algo menos romántico: al Estado holgazán.

Desde 1961 la finca 14861, sobre la que está construida el edificio, debió pasar al Estado por estar constituida sobre áreas de playa o ribera de mar, según lo estableció la Constitución Política de 1941. Así lo ratificó el 3 de marzo de 1997 la ex procuradora de la Administración Alma Montenegro de Fletcher. Igual postura tomó su reemplazo, Oscar Ceville, el 24 de julio pasado.

Sin embargo, ningún gobierno se interesó en su suerte. Y el millonario terreno continuó en manos privadas.

Aparte de la finca del ex Club Unión, Ceville reclamó para el Estado alrededor de 10 parcelas que se encuentran entre la antigua muralla de la ciudad colonial –hoy casi desaparecida– y el mar.

El funcionario emitió su opinión a pedido de la Oficina del Casco Antiguo (OCA), quien le remitió una nota el 10 de abril último. ¿El motivo? La sociedad Propiedades de la Bahía –del inversor estadounidense Paul Stallings– había comprado el terreno por 7 millones y medio de dólares y deseaba construir un hotel de lujo. Por eso, la OCA quería asegurarse de que fueran viables los planos a pesar de que el inmueble encerraba una contradicción: se hallaba sobre la ribera del mar (en terreno público) pero, por otro lado, estaba inscripta en el Registro Público a nombre de un particular.

Ceville zanjó esa incoherencia de un plumazo: reclamó a la Dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que presente una acción judicial para intentar recuperar los terrenos. "Basados en la opinión del Procurador, vamos a empezar una investigación para identificar qué fincas se encuentran sobre la ribera del mar", anunció su director, Mariano Quintero, quien conoció el escrito de Ceville por La Prensa.

En un cajón

A pesar de la opinión de Ceville, la Oficina del Casco Antiguo continuó con el trámite de factibilidad de los planos que presentó la firma Propiedades de la Bahía. El escrito del Procurador incomodaba y su destino estuvo cantado: terminó congelado en un cajón del elegante edificio de la calle 3.

Sin el documento en el horizonte, el director del organismo que decide sobre San Felipe, Ariel Espino, aprobó el anteproyecto que presentó la empresa el 20 de agosto pasado.

Espino, además, dejó esperando al cartero: nunca informó a la Dirección de Catastro de la situación. "Lo que dice el Procurador es que es muy posible que eso [la finca del ex Club Unión] sea del Estado y el MEF tiene que hacer esto y aquello, pero mientras eso no ocurra esa propiedad sigue siendo de un particular", se justificó (ver recuadro).

Se esconden los archivos.

En la Dirección de Catastro hay un antecedente respecto de los terrenos en San Felipe: es la circular que envió el 9 de marzo de 2005 a esa dependencia el antiguo director nacional de Patrimonio Histórico, Domingo Varela. La inquietud de Varela era la misma: ¿Se puede aprobar un proyecto turístico en el ex Club Unión cuya finca se encuentra sobre la ribera del mar por fuera de los límites de la antigua muralla? En aquella época el grupo hotelero Decameron analizaba levantar un hotel allí.

Varela se quedó esperando una respuesta que nunca llegó. O sí, pero sin ir hasta el fondo del asunto. El entonces director de Catastro, Benjamín Colamarco, hizo lo más fácil: el 22 de marzo de 2005 se limitó a informar que la finca en cuestión estaba inscrita por un particular. Y nada más.

La situación de la finca del viejo club social se repite en unas 10 fincas más. Según la Corte Suprema de Justicia, a pesar de que los terrenos están en manos privadas, en 1961 las "playas, riberas de playa y fondo de mar, en manos de particulares pasaron a ser bienes de dominio público".

Ese fue el argumento que utilizó Ceville y que la Oficina del Casco Antiguo ignoró. Y la Dirección de Catastro ni se enteró.

Para que esos terrenos pasen al Estado, entonces, solo resta que se formalice la titularidad, según Ceville. Los nuevos dueños del ex Club Unión, por su parte, no están tan convencidos de ello. "Existen fincas costeras debidamente constituidas y legalmente inscritas en la república de Panamá, cuyos titulares son particulares y cuyo derecho de propiedad es anterior a las reformas constitucionales", consideró el bufete Fábrega, Molino & Mulino, representante de Stallings, quien le compró el viejo Club Unión a la empresa Hoteles Decameron el 16 de abril de 2007.

¿Más problemas?

La situación de la finca no es el único escollo que deberá sortear Stallings si en algún momento piensa cortar la cinta de su nuevo negocio: según la ley, las restauraciones en el Casco Viejo no pueden aumentar la altura y el tamaño del edificio original. Y los planos que Stallings presentó a la Oficina del Casco Antiguo incluyen volúmenes nuevos. "La parcela y las ruinas son de tamaño diferente y es un problema porque, al tratar de usar el total de la propiedad, se está creando una volumetría que nunca existió", comentó Espino.

"Siempre –amplió–, desde que se hizo el primer proyecto en esa propiedad, se dijo que el edifico existente debía restaurarse y, tomando en cuenta que la finca era mucho más grande que el edificio, se podía añadir una segunda ala que fuera compatible con el diseño". Espino aseguró que en los planos la cuestión está resuelta. Especialistas consultados, sin embargo, opinaron lo contrario.

Ariel Espino: ‘El Casco Antiguo es previo a toda la legislación’

Para el director de la Oficina del Casco Antiguo, Ariel Espino, la situación de las tierras ubicadas entre la antigua muralla y el mar están en un laberinto. Y la salida no está al alcance de la mano. "El Casco Viejo es previo a toda la legislación que tiene que ver con estos temas", dijo. "Por eso –agregó– es una situación bastante anómala donde la interpretación de la ley se complica".

Espino no está convencido, por otro lado, de los resultados de un posible reclamo judicial por parte del Estado. "Es posible que se determine que solo un porcentaje de la finca está en el lecho marino y otro porcentaje no", pronosticó.

Linet Montenegro, titular de la Dirección de Patrimonio Histórico, tiene otras prioridades: cuidar que la herencia que existe no se deteriore. "Nuestra función es recibir un proyecto y ver si cumple con los requisitos". Montenegro insistió en que el MEF ya se pronunció sobre la cuestión en 2005. Sin embargo, esa dependencia nunca dictaminó sobre el fondo del asunto: ¿De quién son los millonarios terrenos?

Para el representante legal de Propiedades de la Bahía esa pregunta no admite doble respuesta. "El Procurador dice que el Estado tiene ciertos derechos sobre la finca, pero para reclamarla tiene que presentar una acción judicial", señaló el abogado José Preciado. "Eso es lo mismo que expropiar la propiedad", añadió. Ayer, Guillermo Cochez (junto con Víctor Martínez) se adelantó y presentó una demanda de bien oculto para ser beneficiario, junto con el Estado, de la recuperación de los bienes.

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