| concejales critican a diputados.
Dura disputa por el manejo de los fondos públicos
| LA PRENSA/Archivo |
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| Javier Ortega920377 |
José Quintero De León
jquintero@prensa.com
Concejales de la capital rechazaron ayer, durante la sesión del Concejo capitalino, la intención de un grupo de diputados de la Asamblea Nacional de aprobar un proyecto de ley que retorne las partidas circuitales que les fueron eliminadas en el anterior gobierno.
Javier Ortega, representante por Río Abajo, intervino en el período de incidencias para denunciar la maniobra que calificó varias veces de "gran sinvergüenzura", de algunos diputados que aspiran a seguir compitiendo con los representantes de corregimiento en la realización de obras comunitarias. Según el concejal, el manejo de partidas circuitales por los diputados es una mala práctica paternalista que se debe erradicar de la cultura del pueblo, por la cual el diputado ha acostumbrado a sus electores a darles dinero o satisfacer necesidades comunes. Ortega dijo que los representantes fueron elegidos para realizar obras comunitarias, y los diputados para hacer leyes.
Agregó que a ellos no les alcanza lo que les dan a través del Programa de Desarrollo Comunitario, pero están satisfechos con lo que el presidente, Martín Torrijos, les está aportando de los fondos del Canal.
El representante de Pedregal, Javier Henríquez, también criticó la propuesta que circula en la Asamblea y dijo que lo que deben hacer es buenas leyes para el país.
En otro orden, tanto el representante de Parque Lefevre, Manuel Jiménez, como el de Tocumen, Ernesto Jiménez, criticaron con dureza el daño social que están promoviendo algunos negocios que incluyen expendio de bebidas alcohólicas como parrilladas, jorones, fondas, y otros, que antes requerían "del ojo fiscalizador" de las juntas comunales, pero que ahora lo hacen mediante el programa digital "Panamá Emprende".
Juan García, asesor legal del Municipio de Panamá, les recomendó la opción de motivar a sus respectivas comunidades para protestar en contra de este programa "que debe ser regulado para evitar que se agraven sus consecuencias".
Con este programa se eliminó la posibilidad de que los concejales pidieran "donaciones" por trámites o visto bueno a empresas que instalaban en el sector. Esto motivó que, en el caso de la capital, la dieta de los concejales por sesión se aumentara de 300 dólares a 600.
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