Tecnología. arma de doble filo.

Una invasión a la privacidad

Las ofertas de productos y servicios a través del correo electrónico y el teléfono celular abundan.

No hay una ley en Panamá que regule la actividad, y algunos consumidores expresan molestia.

EFE/Kay Nietfeld

DISPOSICIÓN. Es frecuente que la bandeja de correo electrónico esté repleta de ofertas de productos que no se han solicitado.920464

El teléfono suena, el celular vibra o el correo le avisa que ha recibido un nuevo mensaje.

Se conecta y no es ningún conocido, sino una de las tantas ofertas comerciales que abundan y para las cuales parece no haber límites: tarjetas de crédito, préstamo de auto, servicio de limpieza y hasta la venta de la "milagrosa" pastilla viagra.

No hay, por lo menos en Panamá, ninguna ley que prohíba el "rastreo" de los consumidores, pero algunas veces la insistencia de los vendedores causa indignación.

"Estoy cansada de que me llamen a horas inapropiadas para venderme cosas que nunca he solicitado", dijo Elizabeth Hernández, consumidora que advirtió que desde que empezó a llenar formularios con sus datos personales, luego de hacer compras o transacciones comerciales, la lluvia de mensajes "no deseados" empezó a aparecer en todos sus dispositivos de comunicación.

No es nuevo que las empresas recojan y utilicen los datos de sus clientes para venderles productos, pero sería bueno tomar en cuenta los derechos del consumidor.

"Si el cliente revela sus datos para que se le localice en caso de que no pueda pagar un crédito, no lo deberían llamar para ofrecerle productos", indicó Pedro Acosta, de la Unión Nacional de Consumidores.

Según Acosta, lo que hay en Panamá es un "tráfico horroroso" de bases de datos. "No se sabe quién las vende, pero hay que buscar la forma de regular este tema. Quienes tienen las bases de datos más grandes son las telefónicas y los bancos, pero como hay tanta información en la calle, es difícil descifrar de dónde sale", insiste Acosta.

Los bancos y las empresas que brindan servicios telefónicos, por su parte, aseguran que sus bases de datos son confidenciales y que únicamente son utilizadas para los propósitos que autoriza el cliente.

La información digital, sin embargo, se está multiplicando rápidamente y aunque no hay cifras que digan a qué ritmo se propagan los datos, con tecnologías como la telefonía celular y la internet, la dinámica se intensifica.

Según Acosta, el peligro es que cualquier empleado puede acceder a la base de datos de la empresa en la que trabaja y vender la información.

"Me han ofrecido a través de mi correo electrónico la venta de unos 200 mil teléfonos por 200 dólares", cuenta Acosta.

Raúl Eduardo Molina, presidente de la Asociación de Consumidores Libres, ve las cosas desde otra perspectiva.

"Mientras que la información no se use para fines ilícitos, el consumidor puede decir que no quiere un servicio y allí acaba la conversación", sostiene.

Pedro Meilán, administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, afirma que este es un tema que la entidad no regula, pero sería interesante saber de dónde sale tanta información.

¿Se trata de una invasión a la privacidad o simples estrategias de mercadeo con las que hay que aprender a vivir?

Pues depende del cristal con que se mire, pero para los consumidores se trata de ambas cosas.

Algunas disposiciones sobre seguridad informática

Quien cometa delitos contra la seguridad informática puede ir a prisión, de acuerdo con la ley vigente.

Según el Artículo 283 del Código Penal, relacionado con los delitos contra la seguridad informática, quien indebidamente ingrese o utilice una base de datos, red o sistema informático, podrá ser sancionado con dos a cuatro años de prisión.

Igual pena se puede imponer para quienes se apoderen, copien, utilice o modifiquen los datos en tránsito o contenidos en una base de datos.

Las conductas descritas pueden agravarse de un tercio a una sexta parte de la pena si las alteraciones se cometen en bases de datos de oficinas públicas o bajo su tutela, instituciones mixtas que prestan servicios públicos; y bancos, aseguradoras y demás instituciones financieras y bursátiles.

Pese a estas consideraciones legales, nada hay actualmente sobre la venta de bases de datos para utilizarlas como "caja" de información para vender servicios o productos diversos, lo que deja desprotegidos a los consumidores.