REFORMAS ELECTORALES Y FISCALES.

México en movimiento

Las cruciales reformas electoral y fiscal aprobadas hace pocos días por la Cámara de Diputados y el Senado mexicanos están lejos de ser perfectas.

De la primera se puede criticar, y con razón, que interfiere en la libertad de los partidos y medios de comunicación para decidir usos e ingresos publicitarios; de la segunda, que podría generar pasajeras presiones inflacionarias.

Sin embargo, su aprobación en rápida secuencia por parte de ambas cámaras del Congreso es doblemente positiva:

Abren paso a importantes y postergados cambios estructurales, sobre todo en materia económica, indispensables para mejorar la productividad mexicana.

Pero, más importante aún, marcan el fin de una parálisis de casi seis años en la toma de grandes decisiones legislativas, y permitirán impulsar otros avances, de los cuales dependerá mucho del futuro de México.

En síntesis, el país ha comenzado a caminar de nuevo en temas de fondo. Y aunque, para reiniciar la marcha, algunos precios han sido altos, y algunos resultados insuficientes, el balance es el mejor que podía obtenerse en ese ámbito imperfecto y movedizo que es la política.

El éxito tiene varios responsables, pero su gran motor ha sido el presidente Felipe Calderón, por su capacidad de concertar alianzas entre los partidos Acción Nacional (PAN), en el Gobierno, y Revolucionario Institucional (PRI), en la oposición. Incluso, ha logrado abrir canales de convivencia con el Partido Revolucionario Democrático (PRD), que todavía se niega a aceptar siquiera el triunfo de Calderón.

Los principales cambios electorales afectan la longitud de las campañas (que será menor), el financiamiento estatal a los partidos (que se reduce), su libertad para contratar libremente publicidad en radio y televisión (que desaparece) y la integración del Instituto Federal Electoral, o IFE (que cambia).

Aparte de la intervención en la libertad de contratación entre medios y partidos, lo más inquietante es que el cambio en el IFE puede afectar su autonomía. Pero fue el precio a pagar frente al PRD, resentido por el manejo que hizo el Instituto de las pasadas elecciones.

Sin desconocer lo importante que es la política, los cambios electorales son pequeños si se les compara con los adoptados en el ámbito fiscal.

El cambio comenzará por el gigante petrolero estatal, Pemex, que reducirá su contribución directa a las finanzas públicas, aumentará su autonomía financiera y podrá utilizar una mayor parte de sus utilidades para invertir. Es decir, se parecerá más a una verdadera empresa, podrá incursionar con mayor ímpetu en la exploración y refinación de hidrocarburos, y abrirá así el camino para la muy esperada reforma al sector energético, que, sin embargo, será lenta.

La médula de la reforma fiscal será un nuevo impuesto a los ingresos netos de las empresas, del 16.5% a partir del próximo enero, y que llegará al 17.5% al cabo de tres años. Además, se aplicará una controvertida tasa del 2% sobre los depósitos bancarios superiores a 25 mil pesos ($2 mil 200 al tipo actual), y se incrementarán los tributos a los combustibles, para ser repartidos entre los gobiernos estatales y locales, algo que facilitó su avance en el Congreso.

Probablemente, durante la aplicación de este menú de cambios habrá que realizar ajustes, pero pocos dudan que se alcanzará el objetivo de aumentar la llamada carga fiscal (porcentaje del ingreso recaudado por el Estado) del 10% actual a un 12.5%. Son magnitudes porcentualmente muy pequeñas, pero que permitirán mejorar sustancialmente la infraestructura y dedicar más dinero a programas de educación, salud y otros aspectos sociales.

Al construir los complejos acuerdos que permitieron avanzar de forma contundente tras años de parálisis, el presidente Calderón ha demostrado gran capacidad política, y los partidos, incluido el díscolo PRD, disposición a romper la intransigencia y negociar en serio. Es decir, un verdadero cambio, y para bien, en el crispado ambiente político del país.

Además, Calderón puso de manifiesto que no es un "instrumento del gran capital", como lo definían sus adversarios más viscerales. Porque ambas reformas implican tocar importantes intereses empresariales (entre ellos de las poderosas Televisa y Tele Azteca), avanzar hacia una institucionalidad más moderna y hacia políticas de redistribución más enfáticas.

Por todo lo anterior, el balance es positivo. Y augura mejores tiempos para un país que, a pesar de sus grandes oportunidades y avances económicos, aún no ha dado un verdadero salto hacia el desarrollo. Porque al fin hoy México parece más cercano al momento en que estabilidad, crecimiento sostenido, mejor distribución de la riqueza y, por ende, progreso sostenido, se conviertan en realidades cotidianas.