Muchas alarmas debieron haber sonado cuando el presunto narcolavador colombiano José Nelson Urrego solicitó la residencia panameña en 2003 y le fue otorgada tan cándidamente. Este señor no tenía un perfil bajo: había sido condenado en su país e, incluso, no era un desconocido en el mundo político del vecino país, donde se le vinculó con donaciones a campañas electorales en 1995.

Pero nadie aquí oyó ni un solo silbato... o no quisieron oír. El ex convicto llegó al país en 2002, pidió una visa ¡nada menos que de solvencia económica! que le fue otorgada sin mayores tropiezos; se compra una isla; mete millones al sistema bancario; se instala comercialmente en Panamá y Zona Libre, y ahora pretendía construirse un hotel. Esto, en términos fácticos, parece una murga que difícilmente pasaría inadvertida.

Las autoridades de Migración de entonces deben muchas explicaciones, así como el resto de instituciones –públicas y privadas– que le facilitaron la estancia en Panamá al seudo empresario. Entre tanto, algo hay que hacer con las entidades de seguridad del Estado, porque todo esto ya es inadmisible.