| HAY QUE REINICIAR LA LUCHA.
¿Nuevamente los pañuelos blancos?
911660Carlos Iván Zúñiga Guardia
Toda acción política encierra un compromiso. La razón de la emancipación de los pueblos se consagra en un acta y esa acta recoge los ideales, los propósitos y la motivación del movimiento. Básicamente se postula el compromiso de luchar por la libertad. Y en los ejemplos de la América dos polos guían los alzamientos independentistas, uno precisado en el sistema que se aspira, el republicano: otro, en la forma de gobierno deseado, el democrático, el que garantiza un estado de derecho sin tropiezos.
Estas actas de independencia las concebía Basadre, el gran historiador peruano, como los certificados de nacimiento que definen las identidades o como precisiones troncales que no solo comprometen a los próceres sino a todas las descendencias del gran linaje patrio.
Esto quiere decir que nosotros los panameños no somos hijos del azar, de la liviandad y del desorden. Respondemos a una identificación gloriosa y esa identificación, de raíz y de alas, de cuna y de propósitos, debe ser la brújula perpetua de toda acción política.
Si remitimos lo que viene dicho a las sucesiones y juramentos presidenciales, los mandatarios se abocan a dos obligaciones. Una, a ser leales a las promesas de campaña que motivaron el voto mayoritario; otra, a no incurrir en la deslealtad de violar los mandatos constitucionales. En el primer caso la deslealtad conduce a la deslegitimación del poder adquirido; en el segundo caso la deslealtad es una acto de suprema traición al valor jurídico superior del Estado, su Constitución Política.
La historia de nuestra América es rica en episodios de gobernantes que llegan al mando con agendas ocultas, contrarias a lo prometido, lo que origina la sublevación de los pueblos, los "bramidos" de las imprentas y el consiguiente derrumbe del mandatario que perdió la coherencia entre el verbo seductor y sus actos oficiales. Es lo que los abogados llaman la falsificación ideológica.
Es de simple deducción lógica sostener que si la independencia es un compromiso con la democracia, con la República y con la libertad, compromiso que debe heredarse, consecuentemente toda acción política contraria a ese compromiso es un atentado a los cimientos de nuestra identidad. Y si las sucesiones y juramentos presidenciales deben responder a un mandato de lealtad a las promesas electorales y al estado de derecho, toda gestión oficial encaminada a ignorar las promesas electorales o a pisotear el estado de derecho, es una acción pérfida, de traición a la República y a la democracia.
Fundado en los principios primordiales de nuestra democracia, es hora de preguntar al Presidente de la República cuáles son sus propósitos con relación a la visible remilitarización de la Fuerza Pública. El Presidente de la República está en la obligación moral de confesarle a la Nación cuál es su designio íntimo al colocar a fichas militares de la dictadura, co-responsables de los días vividos en el país desde 1968 hasta 1989, en puestos estratégicos del engranaje oficial, sobre todo en materia de seguridad.
Este pueblo nuestro sufrió una larga opresión, tan dura en sus primeros años como en los años finales, y lograda la democracia se tomaron las providencias para evitar nuevas experiencias de luto, sangre y dolor: se hizo civil el mando y el carácter institucional de las fuerzas públicas y adquirió carácter constitucional esa condición civil.
Los presidentes de la República que se han sucedido de 1989 a 2004 respetaron sus juramentos constitucionales. ¿Va el señor Presidente a respetar y honrar el suyo? ¿Qué significado tiene la creciente presencia militar que se advierte en el país? O, acaso, se quieren repetir las condiciones para que vuelvan las decapitaciones como las de Hugo Spadafora o las encerronas criminales, como la que produjo la muerte de Carlos Efraín Baúles, o las decenas de muerte violentas acaecidas a partir de octubre de 1968. Es decir, a partir de la fecha en que comenzaron a gobernar los queridos pupilos de Jimmy Carter.
El sistema político que nació con la República y las luchas democráticas de nuestro pueblo, exigen una respuesta del señor Presidente porque las coincidencias no pueden ser mas odiosas y ellas presagian nuevas traiciones al estado de derecho.
Mientras llegue al país la respuesta del señor Presidente, el pueblo debe ir preparando sus pañuelos blancos para reiniciar una lucha que sinceramente nunca creímos que iba a provocar Martín Torrijos como mandatario.
El autor es abogado y fue rector de la Universidad de Panamá
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