| MÉXICO. AUTORIDADES DESPLIEGAN SOLDADOS Y POLICÍAS PARA CUSTODIAR DUCTOS.
Petrolera sufre las secuelas de atentado guerrillero
Los atentados afectaron a 2 mil 500 empresas que sufrieron la pérdida de 100 millones de dólares diarios.
Los directivos de Pemex calculan que hoy deberían completar la reparación de los tramos dañados.
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| DAÑOS. Grandes llamaradas se observaron después de las explosiones y más de 20 mil personas fueron llevadas a refugios mientras el gas y el crudo escapaban por los ductos rotos. 911168 |
Liz Carrasco
lcarrasco@prensa.com
Una merma del 60% en la producción de acero, el cierre de dos fábricas automotrices y la suspensión del suministro de gas a 2 mil 500 empresas en 10 estados del país fueron las consecuencias inmediatas de los seis atentados explosivos, perpetrados esta semana contra los ductos de la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex).
El ataque, el segundo que se registra este año (el anterior fue en julio) fue reivindicado por el autodenominado Ejército Popular Revolucionario (EPR), un grupo guerrillero izquierdista conformado por menos de mil hombres.
Las autoridades identificaron al cabecilla del grupo con el nombre de Tiburcio Cruz Sánchez, alias "El Profesor", quien proviene de una familia de guerrilleros del sureño estado de Oaxaca, que ha estado activa desde la década de 1970.
Las últimas explosiones serían parte de una estrategia del EPR para exigir la liberación de dos miembros, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, que según los rebeldes fueron detenidos y desaparecidos por el Gobierno en mayo pasado.
Las autoridades negaron tener a los dos hombres, por el contrario, afirmaron que posiblemente murieron durante los frecuentes choques entre los líderes guerrilleros que se registran en el sur del país.
En palabras del procurador general Eduardo Medina, esa versión del EPR es solo una excusa para justificar los actos de terrorismo perpetrados.
Según Medina, el EPR solo "distrae los esfuerzos" del Gobierno para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, un problema que se ha acrecentado en los últimos años en ese país.
El grupo armado, cuya área de operaciones comprende los sureños estados Guerrero y Oaxaca, aseguró que el Gobierno está "asumiendo una actitud hipócrita que pretende cotizarse en el extranjero como un Gobierno democrático, al tiempo que tiene manchadas las manos de sangre por los delitos de lesa humanidad que se cometen en el país".
En opinión de Fred Burton, ex agente antiterrorista de Estados Unidos, es posible que el grupo esté dirigido ahora por un nuevo cabecilla, "uno más violento y radical".
PÉRDIDAS MILLONARIAS
Los atentados del lunes se consideran los más graves –por sus repercusiones económicas– desde que el grupo se dio a conocer en 1996 en la zona montañosa del sur de México, con ataques en que perdieron la vida decenas de policías.
Grandes llamaradas treparon después de las explosiones y más de 20 mil personas fueron evacuadas a refugios, mientras el gas y el crudo escapaban por los ductos rotos.
Los atentados afectaron, al menos, a 2 mil 500 empresas del sector alimenticio, automotriz y cemento, entre otras, que reportaron pérdidas calculadas en 100 millones de dólares diarios.
Según las estimaciones de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), más del 60% de la producción siderúrgica cesó. Veintinueve plantas de 12 empresas dejaron de operar en todo el país.
La filial mexicana del fabricante de autos Volkswagen suspendió la producción de su planta en el estado de Puebla, centro de México, por la falta de suministro de gas.
Otra afectada fue la fabricante de vidrio mexicana Vitro, que cesó operaciones en seis plantas.
Los directivos de Pemex calculan que para hoy ya deberían completar la reparación de los tramos dañados y reanudar el servicio de distribución de gas.
INSEGURIDAD
Los analistas del fenómeno guerrillero mexicano explicaron que la pobreza en las regiones rurales del país y el debilitamiento de los órganos de inteligencia del Gobierno permitieron la reagrupación del EPR e, incluso, la posible infiltración de sus miembros en instituciones como Pemex.
Según una nota publicada en el diario El Universal, los directivos de Petróleos Mexicanos reconocieron que en las instalaciones de la empresa paraestatal no hay garantías de seguridad. Señalaron que entre los principales problemas detectados se encuentran el escaso control en los accesos, la obsolescencia del equipo de informática y el incumplimiento del Plan Rector de Seguridad Física.
La paraestatal admitió que la vulnerabilidad impide minimizar el impacto de cualquier amenaza. Aunque desde los ataques en julio, las autoridades han desplegado más soldados y policías para custodiar los 14 mil Kms. que comprende la red de ductos, el presidente del país Felipe Calderón dijo que quizás no sea posible asegurarla por completo.
(Con información de servicios internacionales)
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