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Fiscalía evalúa orden judicial
Rafael Pérez G.
rperez@prensa.com
Después de casi cuatro meses de que un juzgado penal ordenara indagar a seis miembros de la Policía Técnica Judicial y a una secretaria judicial por estar, supuestamente, implicados en la desaparición de 200 mil dólares durante un allanamiento, la Fiscalía Tercera Anticorrupción evalúa si practica esa diligencia, informó una fuente judicial.
Mediante una resolución del 31 de mayo de 2007, el Juzgado Duodécimo de Circuito Penal revocó una decisión de la Fiscalía en la que negaba un pedido de la defensa de Carlos Micolta de entrar en el caso como querellante. En medio de un allanamiento, el dinero –200 mil dólares– desapareció de la residencia de Micolta, investigado por supuestamente integrar la red de narcotráfico de Pablo Rayo Montaño.
Para negar el pedido, la Fiscalía adujo que el dinero extraviado en la casa había sido obtenido de manera ilícita, pero su decisión fue recusada, por Micolta, mediante un incidente de controversia. Tras conocer este caso, el Juzgado dio un plazo de 15 días para practicar las diligencias, entre ellas indagar a los funcionarios.
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