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Panamá, miércoles 12 de septiembre de 2007
 

CHEQUES SIN COBRAR. EL PLENO RECHAZA PETICIÓN DE LA PROCURADORA PARA INVESTIGAR.

Corte investigará a Alba

Según el fallo, el Artículo 155 de la Constitución solo autoriza a la Corte para investigar a los diputados.

Este es el tercer proceso que el pleno ordena abrir en contra el diputado Alba durante el año 2007.

LA PRENSA/Jihan Rodríguez
PROCESO. La semana pasada, la Corte admitió una denuncia por delitos contra la salud pública en contra del diputado Alba (Izq.).910060
José Otero
José Somarriba Hernández

panorama@prensa.com

El pleno de la Corte Suprema de Justicia concluyó que la procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, no es competente para investigar al diputado Rogelio Alba, en el nuevo proceso que se le abrió al integrante de la Asamblea Nacional por los delitos de atentar contra la fe pública y la administración pública.

Mediante un fallo –con la ponencia del magistrado Aníbal Salas y avalado por los otros ocho integrantes del pleno– se ordena que se proceda a comisionar a uno de los magistrados para que actúe como fiscal de la presente causa contra el diputado Alba.

"El Artículo 155 de la Constitución vigente señala de forma expresa que los miembros de la Asamblea Nacional podrán ser investigados por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, siendo esta Superioridad el organismo competente para la instrucción del sumario en el presente caso", advierte el dictamen.

El diputado fue querellado ante el Ministerio Público, en diciembre de 2005, por Heriberto González L. quien declaró que mediante un documento del Seguro Social, entre septiembre y diciembre de 2005, devengó un salario de 4 mil 266 dólares con 99 centésimos mientras laboraba para Alba, pero aseguró que los cheques nunca fueron cobrados por él, sino por el diputado.

La procuradora Gómez remitió esta querella a la Corte en febrero de 2006, con una solicitud para que se le autorizara investigar al diputado Alba por esta denuncia.

A juicio de la Corte, el denunciante presentó las pruebas necesarias para empezar la instrucción de un sumario.

NO ES EL ÚNICO

La semana pasada, el pleno también admitió una denuncia por delitos a la salud pública contra Alba y para ello también ordenó que se designara a un magistrado como funcionario de instrucción.

De igual forma, en enero de este año, la Corte abrió otro proceso contra Alba, en esta ocasión por los delitos de peculado y falsificación de firmas.

En ninguno de los tres casos se ha designado al magistrado que actuará en calidad de funcionario de instrucción.

(Vea Audiencia se realiza hoy)

© 2007. Corporación La Prensa. Derechos reservados.
 
 
 
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