Los diputados tienen la dicha de que los procesos judiciales instaurados en su contra los decide la Corte Suprema de Justicia. Hay casos pendientes, uno de ellos es el de un diputado acusado de delitos contra la salud pública y falsificación, quien también debe ser investigado por la Corte.

Pero los magistrados toman su tiempo en darle curso a tales denuncias; no es asunto prioritario ni que les impida conciliar el sueño. Asimismo, una tranquilidad cómplice se apodera del diputado que se entera de que la Corte lo investigará. Estos funcionarios saben que la posibilidad de una condena es tan remota, que el riesgo de ir a la cárcel o de pagar sus culpas se torna un eufemismo risible.

La justicia que imparte nuestra Corte es de escaso alcance y eso deja incólumes a nuestros diputados para hacer sus fechorías sin cortapisas. Habría que preguntarse si ello no es más que la confirmación de la existencia de un pacto de no agresión –o de mutua protección– entre estos dos órganos del Estado. ¡Hasta cuándo!