Tratar de buscarle una salida “honorable” a una renuncia que se hace necesaria para garantizar el bienestar económico del país, es solo prolongar un mal innecesario. La firma de un tratado de promoción comercial ha sido una decisión voluntaria entre dos países, en este caso, Panamá y Estados Unidos. Pero cualquiera de las partes puede, unilateralmente, no ratificarlo.

Este acuerdo lleva negociándose no en uno, sino en varios gobiernos, y ha logrado sortear toda clase de obstáculos. Recordemos el último, con ocasión de las medidas fito-zoosanitarias que ocasionó la salida de un ministro que se oponía a las peticiones de EU. Panamá pudo negarse a firmar en aquel entonces, así como ahora los estadounidenses podrían rechazar el tratado por la escogencia de Pedro Miguel González para presidir la Asamblea.

Los que defienden al diputado argumentando que fue juzgado en Panamá y encontrado inocente, no deben olvidar que la justicia local también halló inocente a Noriega de cargos de narcotráfico. ¿Qué tan confiable es nuestra justicia cuando es tan fácil enterrar casos de alto perfil o impedir investigaciones judiciales?