| JUZGADO PRIMERO PENAL.
Fijan fecha de juicio para caso 8B-06
La audiencia será dos meses después de cumplirse el año del incidente, ocurrido el 23 de octubre de 2006.
| LA PRENSA/Víctor Arosemena |
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| fuego. Por la muerte de las 18 personas están sindicados: el propietario, el conductor y el mecánico del bus.907144 |
José Otero
jotero@prensa.com
Para el próximo 13 de diciembre, el Juzgado Primero de lo Penal fijó la fecha de audiencia para el caso del incendio del bus 8B-06, ocurrido en octubre pasado y donde fallecieron 18 pasajeros calcinados.
En este proceso están sindicados: los hermanos Ariel Ortega Justavino y Próspero Ortega Justavino (propietario y conductor del bus, respectivamente), además de Edwin Jiménez Vega (mecánico del bus), por el delito contra la vida y la integridad personal (homicidio y lesiones culposas).
La defensa de dos de los pasajeros, quienes resultaron con graves lesiones en este caso, informó que presentará un recurso de oposición a la vista fiscal para tratar que el juez Rolando Quezada Vallespi se declare impedido de conocer estas sumarias y compulse copias del expediente a la esfera judicial superior.
Esto, dijo el abogado, es con el objetivo de que se pueda incluir -en este mismo expediente-los delitos contra la seguridad colectiva y contra la administración pública, los cuales solo pueden ser investigados por las fiscalías superiores y procesados ante el Segundo Tribunal de Justicia.
En la vista fiscal, remitida recientemente por la fiscal primera de Circuito Cristina Cedeño al juez Quezada Vallespi, la funcionaria aseguró que, en la ampliación que hizo de este caso, halló suficientes evidencias para que se investigaran estos dos delitos antes mencionados en la esfera judicial competente.
De acogerse esta petición, dijo la defensa, se tendría que investigar la vinculación de los representantes de la empresa que importó el bus siniestrado al país.
De igual forma, se podría investigar la implicación de los funcionarios del Banco Nacional de Panamá (BNP), en el financiamiento que se le hizo al vehículo y las omisiones en las que pudieron haber incurrido los ex encargados de la Dirección de Tránsito y Transporte Terrestre.
También afirmó que lo correcto es que todo este caso se pueda acumular en un solo expediente, en vez de que las sumarias sean remitidas a varios despachos y que de ellos se hagan diversos juicios.
En la vista fiscal de Cedeño, se pide al juzgado que, en el caso de los delitos contra la seguridad colectiva, el expediente sea remitido a una fiscalía superior, y en el de los delitos contra la administración pública, correspondería investigar a una fiscalía anticorrupción.
Los abogados de F. Icaza y Cía, S.A., empresa que importó el bus, han señalado que los propietarios del vehículo no cumplieron con el mantenimiento adecuado y que nunca informaron sobre los cambios que se le hicieron al sistema de aire acondicionado.
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