La postulación de la magistrada Dixon, por parte del Gobierno de Panamá, para convertirse en jueza de la Corte Penal Internacional, nos deja perplejos. Este tribunal universal, creado luego de años de negociaciones, es la realización de una aspiración histórica de la comunidad internacional para lograr que no queden impunes los delitos más atroces que se cometen contra la humanidad.

Más allá de los cuestionados fallos y de la abrumadora percepción de corrupción que pesa sobre la Corte Suprema panameña –la cual Dixon preside– resulta difícil entender cómo el gobierno de turno postula para tal cargo a una magistrada que ha apoyado, en sus decisiones, la prescripción de los delitos de lesa humanidad, contradiciendo precisamente la razón de ser del tribunal al que aspira pertenecer.

Y que extraña coincidencia resulta también, que justo en el límite de su periodo como magistrada, el Gobierno le da este empujón para que nos represente ante el citado organismo. Esta postulación, aparte de no representar los principios y valores que rigen la Corte Penal Internacional, deja mucho que decir sobre el criterio del Presidente y del Canciller.