| HIDROCARBUROS. POLÍTICA DE NACIONALIZACIÓN.
Petroleras exigen millonaria devolución
El dinero corresponde a la aplicación de una participación en favor de la empresa estatal YPFB.
La ley de nacionalización establecía que las petroleras debían pagar por la explotación de los campos.
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| DESEMBOLSO. Las empresas reclaman el regreso de los 32 millones mensuales que han pagaron de mayo a octubre 2006.905676 |
LA PAZ, Bolivia/ AP
La brasileña Petrobras, la hispano-argentina Repsol YPF y la francesa Total interpusieron un recurso legal ante la justicia para lograr la devolución por parte del gobierno de 192 millones de dólares pagados en el marco del decreto de la nacionalización de los hidrocarburos, se informó el fin de semana.
El diario La Razón indicó que las empresas plantearon un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional porque consideran que el cobro de ese dinero fue ilegal, toda vez que el decreto, de mayo de 2006, las obligaba a pagar un impuesto adicional de 32 millones mensuales sólo por seis meses y no por un año.
Ni las empresas ni el tribunal pudieron confirmaron el sábado la versión por estar cerradas las oficinas.
El dinero corresponde a la aplicación de una participación en favor de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) del 32% sobre el valor de lo producido en dos megacampos de hidrocarburos que abastecen fundamentalmente al mercado brasileño.
El medio informó que el expediente de la demanda pasó a la Comisión de Admisión del Tribunal el 14 de agosto y que el proceso sigue su curso, aunque no está definida la fecha para la emisión de la sentencia.
El Tribunal enfrenta una severa crisis por la decisión del presidente Evo Morales de enjuiciar a cuatro de sus cinco miembros, por otra causa.
El decreto de nacionalización establecía que las petroleras debían pagar inicialmente por la explotación de los campos San Alberto y San Antonio los 32 millones de dólares mensuales desde mayo hasta octubre de 2006, cuando debían aprobarse los contratos entre el gobierno y las compañías en el marco de la llamada nacionalización.
Sin embargo, los contratos no fueron aprobados hasta entonces por el Congreso y entraron en vigencia en mayo de 2007. Pese a que las demoras se debieron a procedimientos internos del gobierno y el Congreso, incluso debido a la denuncia de irregularidades en algunos contratos, el Ejecutivo exigió a las petroleras que siguieran pagando.
El presidente de Petrobras en Bolivia, José Fernando de Freitas, había anunciado el planteamiento del recurso al señalar que esa y las otras empresas no entendían por qué se les seguía cobrando. "No vemos razones o motivos para que se prosiga con el cobro del 32% después de los 180 días... como pretende el gobierno con el decreto de ampliación que amplía este pago hasta la protocolización de los contratos".
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