CORRUPCIÓN.POBLACIÓN SIGUE INCONFORME CON EL GOBIERNO.

Luces y sombras en un tema crucial para el país

Solo 15.5% de los panameños piensa que Torrijos ha cumplido todas o muchas de sus promesas.

LA PRENSA/Edwards Santos

ética. El Banco Mundial señala que la corrupción puede reducir la tasa de crecimiento de un país entre 0.5 y 1 punto porcentual por año. 904686

La corrupción no solo cuesta dinero de los ciudadanos, sino que la actitud de los funcionarios frente a ella, o al menos frente al tema, reporta créditos políticos.

Por eso, cuando en 2004 Martín Torrijos pasó su bandera de lucha contra la corrupción –que había usado en campaña– a política de gobierno, hubo mucho escepticismo. Sobre todo, después de un gobierno en el que los escándalos fueron el pan de cada día.

Torrijos ganó la Presidencia con un lema bastante ambicioso para un país donde el "juega vivo" y otras formas de corrupción están en el fondo y la superficie: "cero corrupción".

Pero las evaluaciones en estos asuntos siempre dependen del cristal con que se mire. Desde la oposición política salen a relucir los casos de corrupción que se han presentado, y desde el oficialismo, los avances logrados. En la sociedad civil la mirada es que siempre se puede hacer más en un tema que, según el Banco Mundial, puede reducir la tasa de crecimiento de un país entre 0.5 y 1 punto porcentual por año.

En el tema general de la promesa de campaña del presidente Torrijos (Más empleo, más seguridad y cero corrupción) los panameños se muestran muy cautelosos. Apenas el 15.5% de los mil 214 entrevistados por Dichter & Neira en una encuesta de este diario, aplicada el 18 y 19 de agosto, piensa que Torrijos ha cumplido todas o muchas de sus promesas. La mayoría (56.9%) piensa que cumplió algunas y el 27.2% dijo que no está cumpliendo ninguna.

La administración Torrijos destaca como logros en materia de lucha contra la corrupción: la derogatoria del decreto que reglamentaba la ley de transparencia, la agilización de los procesos gubernamentales, la creación del Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción, la creación de sitios web con información de interés público (no necesariamente actualizada y auditada) y la obligación de publicar las licitaciones públicas en Panamacompra.gob.

Cristóbal Arboleda, quien fuera el primer director ejecutivo del Consejo, dice que es casi imposible erradicar la corrupción. Pero señala que esta administración ha logrado atemperar el fenómeno, al menos en sus manifestaciones más groseras.

Pero si fuera por el papel del Consejo, ya Torrijos habría perdido la batalla. La entidad –creada en 2005– no se percibe como eficiente: el 62.7% de los mil 218 encuestados por Dichter & Neira del 15 al 17 de junio pasado, cree que su labor es mala o muy mala.

El diputado opositor José Isabel Blandón tiene una crítica. Dice que para Torrijos, la lucha anticorrupción ha sido más bien de mercadeo, porque en temas como la necesidad de reformar el reglamento interno de la Asamblea para la eliminación de los privilegios, el gobierno, que tiene mayoría, no ha hecho nada. Además, recalca que no se ha logrado un consenso en el Pacto de Estado por la Justicia.

ENFOQUE
Avances y asuntos pendientes

OPINIÓN I Ha habido algunos avances en la lucha contra la corrupción. El primero fue la derogatoria del reglamento que obstaculizaba el cumplimiento de la Ley de Transparencia, aunque aún se requiere que los altos funcionarios reconozcan que esta ley tiene tanto valor como las otras, y no busquen pretextos para negar información de interés público y evitar las consultas ciudadanas. En materia de contratación pública se han desarrollado nuevos sistemas y se realizó una profunda reforma legal para dotar de mayor transparencia este proceso. La creación de sitios web como PanamaCompra, o PanamaEmprende o PanamaTramita son iniciativas que tendrán un impacto significativo para disminuir la percepción de corrupción.

Es desafortunado que el Ejecutivo haya generado tanta expectativa sobre el Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción y su respectiva Secretaría Ejecutiva, a la que incluso en un principio dotó de la función de realizar investigaciones administrativas, y luego de no cumplir a cabalidad con la misma, se reforma el decreto para eliminar esta tan necesaria función, para dedicarse a la prevención. La ausencia de investigaciones administrativas es lo que produce que hechos como el de los envenenamientos masivos puedan repetirse.

La aprobación de un Código de Ética Uniforme para los Servidores Públicos –por parte del Ejecutivo– hubiese sido un logro, pero al no observarse su cumplimiento por las autoridades, le hacen un flaco favor a la lucha anticorrupción. Además, pese a que el PRD controla la Asamblea, no ha propiciado reformas al Código de Ética de este órgano ni a su propio reglamento. En tanto, en materia judicial el panorama es desalentador. La autora es directora ejecutiva de Transparencia Internacional

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